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miércoles, 8 de febrero de 2012

¿La justicia es igual para todos?






El PSOE logra inmunidad penal para partidos políticos y sindicatos


El nuevo Código Penal, que entrará en vigor en diciembre, no aplicará la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los partidos políticos y a los sindicatos como sí sucederá con las empresas, algo inexplicable para los abogados penalistas. El Partido Popular intentó cambiarlo sin éxito.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño
Una de las novedades más importantes que incluye la ley que ha reformado el Código Penal vigente desde 1995, y que entrará en vigor en diciembre, seis meses después de su publicación en el BOE, es que a partir de ahora las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o cuenta de las mismas por sus representantes legales o administradores.
El cambio es sustancial para millones de empresas que operan en España y que responderán de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y en su provecho por las personas que tienen poder de dirección. Además, las empresas tienen la obligación de ejercer el debido control sobre sus empleados. De no ser así serán multadas, inhabilitadas o incluso disueltas.
Sin embargo la reforma incluye un apartado (art. 31 bis, punto 5) que libera de esta obligación al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e instituciones, a los Organismos Reguladores, a las Agencias y Entidades Públicas Empresariales y a los partidos políticos y sindicatos. Tampoco se les aplicará esta nueva disposición a las organizaciones que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés general.
Excepciones
Algunos de los expertos en Derecho Penal consultados por EXPANSIÓN creen que la mayoría de estas excepciones tienen sentido porque, como explica Adriana de Buerba, of counsel del bufete Pérez-Llorca y ex fiscal, “no tendría sentido que el Estado o las Administraciones se sancionasen a sí mismos, ya que el dinero de las sanciones que establece el código saldrían de las arcas públicas, con lo que lo pagaríamos los ciudadanos. Lo mismo sucede en algunos de los países más importantes de la Unión Europea como Francia, Italia, Holanda, Austria o Dinamarca.
Sin embargo la mayoría de estos abogados penalistas creen que es inexplicable que no se aplique a partidos políticos y sindicatos. La socia del despacho Baker & McKenzie Mar de Pedraza asegura que “no se encuentra justificación alguna a esta decisión y ninguno de los colegas penalistas con los que he intercambiado opiniones encuentra explicación a esta excepción”.
El socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira Joaquín Burkhalter también se muestra crítico con la decisión del legislador de excluir de la responsabilidad penal de la persona jurídica a partidos y sindicatos, ya que “la experiencia nos demuestra que algunos de los delitos más graves para los que se establece la misma se cometen precisamente en nombre y en provecho de tales entidades.
Por ejemplo, los delitos de corrupción en el ámbito de los partidos o los fraudes de subvenciones por lo que respecta a los sindicatos”. Burkhalter añade que “desde el punto de vista político-criminal no se justifica tratar a dichas entidades de forma más benévola que a otras”.
Para Abraham Castro, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, “no hay ninguna explicación posible salvo la protección de quien hace la ley y se quiere curar en salud, algo así como el refrán: el que hace la ley hace la trampa”. Castro añade que “también es preocupante que no se aplique a sociedades públicas, cuando es donde más problemas de corrupción suele haber”.
Por su parte, Carlos Gómez-Jara, abogado penalista de Molins & Silva cree que “a los partidos se les ha excluido de la responsabilidad penal de personas físicas porque ya existe un régimen exclusivo para ellos, la Ley de Partidos. Hubiera sido políticamente complicado y jurídicamente no gana mucho”. Para Gómez-Jara, “lo que no se sostiene desde el punto de vista técnico jurídico es la excepción de los sindicatos, como tampoco que estén exentas las sociedades mercantiles estatales, pero no autonómicas”.
La enmienda del PP en el Congreso no prosperó
El Partido Popular incluyó una enmienda el 18 de marzo de 2010 en el Congreso de los Diputados al apartado 5 del artículo 31 bis del proyecto de reforma del Código Penal donde anulaba la salvedad de responsabilidad penal de partidos políticos y sindicatos como personas jurídicas.
El grupo Popular daba como justificación a esta enmienda que consideraba adecuada la exclusión del régimen penal de las personas jurídicas respecto a todas aquellas que suponen poder público, pero que no era adecuado incluir en este bloque a los partidos políticos, que ya tienen en la Ley de Partidos y en el Código Penal sanciones dirigidas contra ellos directamente, ni a los sindicatos, por la misma razón. El PP expresaba también que ni mucho menos se podía excluir a personas jurídicas que prestasen servicios generales a la comunidad (la ley lo especifica como servicios de interés económico general). Sin embargo, la enmienda fue rechazada por todos lo grupos políticos del Congreso excepto el popular.
Novedades
1. Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por representantes legales y administradores.
2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible cuando se constate la comisión de un delito cometido por quien ostenta los cargos o funciones aludidas en el primer punto.
3. La concurrencia en las personas que hayan realizado materialmente los hechos o lo hubieran hecho posible por no ejercitar el debido control, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
4. Serán circunstancias atenuantes tras la comisión del delito: confesar la infracción, colaborar en la investigación aportando pruebas, reparar o disminuir el daño y haber prevenido futuros delitos.
5. Las disposiciones de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, Administraciones Públicas, sociedades públicas, partidos políticos, sindicatos...
6. Las penas aplicables a las personas jurídicas serán desde multas proporcionales, pérdida de subvenciones, disolución de la sociedad, suspensión de actividades hasta 5 años o clausura de sus locales.
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NO HAY QUE AÑADIR NADA; EL TEXTO LO EXPLICA TODO.

Érase una vez un comerciante de armas cuya empresa fabricaba bombas de
racimo que vendía, entre otros, al gobierno de su país. Y resultó que
su país firmó un convenio internacional contra esas bombas, que dejó
de comprar. Entonces el comerciante denunció al gobierno por dejar de
comprar esas armas (supongo que habría un contrato con la empresa
fabricante que le comprometía a unas compras con sus correspondientes
pagos).
Y resultó que hubo un cambio de gobierno, y el nuevo presidente tuvo
la ocurrencia de nombrar como ministro de Defensa a dicho comerciante
de armas: ¿alguien lo puede merjorar? Ahora el comerciante,
transmutado en ministro, pagará a su antigua empresa la indemnización
correspondiente, un pellizquito de 40 millones de euros.
PREGUNTA: ¿de qué país y de qué época son estos hechos? ¿del quinto
mundo? ¿de un pasado oscuro? La respuesta a continuación.

El Ministro de Defensa de España pagará 40 millones a su antigua
empresa por prohibir las bombas de racimo

POR FAVOR, MOVEDLO A TOPE PORQUE ES DE LOS MAYORES ESCÁNDALOS
QUE ESTÁN PASANDO ... que ya es decir mucho

Pedro Morenés, ministro de Defensa, fue consejero de la
empresa de fabricación de armamento Instalaza entre 2005 y 2007.
Después ocupó el puesto de representante hasta el 4 de octubre de
2011, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Instalaza fabricaba bombas de racimo.

El 31 de octubre de 2011, el diario Cinco Días reveló que
Instalaza había decidido recurrir a los tribunales para pedir que el
Gobierno le indemnizara con 40 millones de euros en concepto de
desagravio por la prohibición del uso, almacenamiento y fabricación de
las bombas de racimo en España como consecuencia de la firma del
Tratado de Dublín. Sin embargo, esta empresa ya había anunciado en
mayo de 2011, cuando Morenés era su representante, que pediría una
compensación económica al Ejecutivo en concepto de "daño emergente y
lucro cesante".

Hoy sabemos que Instalaza venderá la deuda a una tercera
empresa que a su vez la revenderá y finalmente el Ministro pagará
diciendo que no es su empresa la que cobra. El dinero saldrá de los
impuestos de todos, naturalmente. Nuestro dinero pagando bombas que
mutilan a niños. Porque las submuniciones esparcidas por las bombas
fabricadas por Morenés tienen un rango de fallo de entre el 5% y 30%,
por lo que pueden quedar bombas enterradas sin explotar siendo
peligrosas tiempo después de terminada la guerra. Especialmente para
los niños por sus formas llamativas, como pelotitas de tenis o latas
de refrescos. Porque es así como las camufla la empresa del Ministro.

¿De verdad no había en todo el país otra persona que pudiera
ser Ministro de Defensa?...

------ Fin del mensaje reenviado

Y otra pregunta: ¿Para que quiere el gobierno Español esas bombas?... Que hizo con ellas, donde las tiene?
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ORDOÑEZ PACTA CON EL GOBIERNO SU IMPUNIDAD Y DIMITE


El gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, ha pactado con el Gobierno de Mariano Rajoy y el ministro Luis de Guindos su impunidad como gestor ante la quiebra de al menos cuatro bancos españoles que no fueron fiscalizados debidamente. Es por ello que ha presentado su dimisión para evitar una comisión de investigación parlamentaria y la exigencia de responsabilidades.
El abogado Antonio García Trevijano defendió este enfoque en los informativos de Radio Libertad Constituyente y apuntó que ningún medio de comunicación había advertido de esta lectura, limitándose a informar que se había producido la salida de Ordóñez un mes antes de que finalizara su mandato.
De la misma forma, también se ha sabido por medio del diario “Financial Times” que el Banco Central Europeo desaprueba la financiación de Bankia. La noticia, que ha recogido la agencia Europa Press,  señala que el BCE ha rechazado “rotundamente” el plan del Gobierno español para recapitalizar Bankia mediante el recurso indirecto a la liquidez del instituto emisor de la eurozona al considerarlo “inaceptable”.
Durante el pasado fin de semana, desde Madrid se había dejado caer la  poco ortodoxa idea de recapitalizar Bankia mediante la inyección de 19.000 millones de euros en deuda soberana en la matriz de la entidad, que podrían posteriormente ser cambiados por fondos del BCE a través de las operaciones de refinanciación a tres meses, lo que evitaría la necesidad de recurrir a los mercados.
Sin embargo, el BCE habría indicado al Gobierno que era necesario realizar una “apropiada” inyección de capital en Bankia ya que estos planes amenazaban con vulnerar la normativa europea de “financiación monetaria” o financiación de los gobiernos por parte de los bancos centrales, según apuntaron dos funcionarios europeos. Las noticias respecto a la “línea dura” adoptada por el BCE en su respuesta a Madrid se han conocido tras anunciar el Banco de España  que su actual gobernador, Miguel Angel Fernández Ordóñez, abandonará el cargo a finales de la próxima semana, un mes antes de lo previsto.
El endurecimiento de la postura del BCE contrasta con la insistencia del Gobierno español en que la única solución posible a la insostenibilidad de la deuda es que la entidad se convierta en prestamista de último recurso de los estados. “Altos funcionarios del Gobierno en Madrid defienden que los rescates de Portugal, Grecia e Irlanda, han sido catastróficos y que España no se comprometerá a aceptar una fórmula de intervención similar”, señala el “Financial Times”.
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La dictadura de la burguesía: Montoro pacta los Presupuestos del Estado con los grandes empresarios


Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, concluido su trabajo electoral en Andalucía con los resultados conocidos, ha retomado su agenda de trabajo ministerial y le quiere dar un nuevo empujón a los Presupuestos Generales del Estado que Europa le reclama al PP desde hace meses…
Para ello, no se ha reunido ni con sus diputados, ni con los representantes de la oposición. Ha quedado a comer con el lobby de los empresarios, para pactar las nuevas cuentas. Se gobierna para quien se gobierna.
En efecto, al amparo del órgano no electivo sino de carácter sinodial autodenominado Consejo Empresarial de la Competitividad, las principales fortunas de este país, gestores o dueños de los mayores conglomerados empresariales, intercambiarán ideas con su viejo amigo Montoro para ver cuáles son los Presupuestos Generales que más se armonizan con sus intereses.
Antes que la opinión pública, el Parlamento, o incluso sus socios europeos, que ya no saben en qué tono dirigirse a los ministros de Rajoy para que de una vez descubran sus cartas y les expliquen el cierre de 2011 y sus medidas para 2012, será este ‘selecto club’ el que conozca de primera mano, si el ministro Montoro está efectuando correctamente los deberes fijados o hay que introducir cambios en los diferentes capítulos presupuestarios para acomodarlo a los intereses y necesidades de los grandes capitales.
Muy probablemente, entre los temas a tratar entre plato y plato, esté el de un ligero aumento del Impuesto de Sociedades. Montoro, muy posiblemente, pedirá permiso para retocar esta figura impositiva, que es una de las más bajas de toda Europa, si exceptuados a la quebrada Irlanda. Indiscutiblemente, los empresarios españoles son los que pagan menos impuestos –de lejos- de todas las grandes economías europeas.
El Comité Empresarial de la Competitividad se creó a principios de 2011 y bajo la presidencia de César Alierta, presidente de Telefónica, aglutina también a otros 16 destacados empresarios españoles como Emilio Botín (Banco Santander), Francisco González (BBVA), Isidre Fainé (la Caixa), Florentino Pérez (ACS), Rafael del Pino (Ferrovial), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Antoni Brufau (Repsol), José Manuel Entrecanales (Acciona) o Isak Andic (Mango).
También forman parte de este Comité Pablo Isla (Inditex), José Manuel Lara (Planeta), Antonio Huertas (Mapfre), Leopoldo Rodés (Havas Media Group), Juan Roig (Mercadona), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés) y Fernando Casado, presidente del Instituto de la Empresa Familiar, que es también el director general del Comité Empresarial de la Competitividad.
kaosenlared.net






                   
"El rol de un maestro (el gurú) es el de la lámpara sobre el camino. Uno no debe sentarse a adorar a la lámpara, uno debe caminar por el camino" 


"No vamos a denunciar un acuerdo internacional que data de 1979, con mi apoyo
 no van a contar en este asunto"
Rajoy se niega a una investigación sobre
Bankia y a cobrar el IBI a la Iglesia
Monjas-Rkb-OK


http://www.vegamediapress.es/noticias/index.php?option=com_content&task=view&id=18578&Itemid=1

INTOLERANTES E INTOLERABLES :

El portal católico religionenlibertad.com celebra la desaparición del rotativo “satánico” y el instrumento del “Maligno”

VMPress.
El portal católico de noticias religionenlibertad.com celebra la desaparición del diario Público. Así lo expresa en la información que ofrece en portada: “Tras su fallido intento meses atrás de reflotar a través de un concurso voluntario de acreedores, el diario "Público", en España el más anticristiano y difusor de la ideología laicista radical, ha decidido poner fin hoy (y no la próxima semana, como estaba previsto) a su aventura editorial en papel”. Los lectores católicos de esta web también aplauden la desaparición del rotativo porque “Dios ha escuchado nuestras oraciones”.
Así, en el debate de foro los comentaristas : “Si 100 periodistas que no paraban de atacar a los católicos se van a la cola del paro, no pasa nada, así están 5.000.000 millones de españoles precisamente por culpa de Zapatero, y Público era el PRAVDA, el panfleto sectareo por excelencia que no hacía más que propaganda del régimen socialista”.

Otras opiniones de los seguidores católicos de religiónenlibertad.com:

“La sabiduría popular dice: ´el que escupe al cielo, a la cara le cae´´.

“Pues yo soy católico y me alegro. Es una buena noticia. A ver si otros medios anticatólicos siguen el mismo camino”.

“Publico, os esforzasteis en hacer desaparecer a la Iglesia y habéis desaparecido vosotros. Ya se sabe lo que le pasa al que escupe al cielo. Lo siento por los trabajadores. 
Es una pena, se puede ser de izquierdas, pero atacar de esa forma a la Iglesia, tiene un precio”.

“Lo mejor que podemos hacer es no entrar nunca en la versión digital, ni para defender los ataques que hagan a la Iglesia”.

“Es una buena noticia para todos los que creemos en Cristo”.

“Esos que negaban la existencia de Dios ahora han sentido en su espalda el látigo de su justicia”.

“Me alegro mucho de que ese diario satánico haya quebrado. Si es que no era laicismo, era persecución a los católicos”.

“Gracias Dios Creador por las gracias que has distribuido por España desde la JMJ. Un instrumento menos de Maligno en la calle. Ansío el día en que el aborto y el matrimonio homosexual sean abolidos. Espero también que Santorum sea el próximo presidente americano. Recemos incesantemente el Santo Rosario para que la Virgen María siga amparando España”.

"Lo que me preocupa es saber con qué nos vamos a limpiar ahora el c..."


QUE MAL EDUCADOS!!



A menudo estamos satisfechos con una respuesta intelectual a una pregunta, y eso pone fin a nuestra búsqueda. Cuando sucede, el entendimiento intelectual es un obstáculo para descubrir la verdad. Es fácil ver intelectualmente que uno no debe preocuparse cuando un niño enferma. La preocupación no ayuda al niño. Lo que le ayuda es que vayamos en busca del doctor y le demos al paciente la medicina. Desde luego que hacemos eso, ¿pero esta lógica conclusión impide que nos preocupemos?. ¿El conocimiento de que el enojo es malo no impide el enojo? La verdad es mucho más profunda que la mera lógica y razonamiento; y la respuesta intelectual no es una respuesta completa. Por tanto cuando uno entiende algo sólo intelectualmente uno ha entendido muy poco. El entendimiento intelectual puede ser útil en algunos asuntos pero es trivial. Puede reforzarse a través de un libro o a través de otra persona pero sólo es una patrón de pensamiento que se retiene en la memoria; no debe confundirse con la realización de la verdad de algo.
J. K.
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Jaque al paraíso fiscal

Italia acaba con la impunidad fiscal de la Iglesia católica, que también es la mayor casera en España

Los obispos asisten atónitos (y sobre todo mudos) al debate sobre si deben pagar impuestos en solidaridad con los desastres de la crisis



Los obispos asisten atónitos (pero sobre todo mudos) al debate sobre su paraíso fiscal, en medio de una crisis que está obligando a apretarse el cinturón a todo el mundo. ¿Perderán los eclesiásticos sus privilegios ante la Hacienda pública? ¿Deberá pagar impuestos la Iglesia, como todo hijo de vecino? La decisión del Gobierno italiano, presidido por el tecnócrata católico Mario Monti, de exigir a la jerarquía eclesiástica de su país el pago del impuesto de bienes inmuebles ha saltado las alarmas en España, donde los obispos gozan de inmunidad casi total ante el fisco.
Ya planteó el tema hace un año el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, ahora ministro de Justicia, reclamando para sus arcas municipales, acosadas por deudas y déficit, una compensación del Estado por los tributos que no satisface al Ayuntamiento la confesión católica, entre otras instituciones. Según Ruiz-Gallardón, el Ayuntamiento de Madrid ingresaría 94 millones anuales más cada año. Serían en toda España entre 2.000 y 2.500 millones, según los expertos.
“¡IBI todos o ninguno!”, clama una decena de organizaciones reunidas en Gijón, entre ellas Europa Laica, Juventudes Socialistas e Izquierda Unida. Van a hacerse notar en Asturias durante la próxima campaña electoral e inician su camino con una carta al presidente del Gobierno. Dicen: “Los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede establecen una exención total y permanente de la contribución de los inmuebles de la Iglesia católica, aunque esta institución privada sea el mayor propietario de esos bienes. Esto supone que el Estado deja de ingresar más de 3.000 millones cada año. En la actual situación de crisis económica y social consideramos una total falta de respeto, e incluso una burla, que se aumente a los ciudadanos el impuesto de la contribución urbana, y que el mayor propietario no pague. Exigir a unos los tributos y eximir a otros de su pago, máxime cuando estos otros son poseedores de la mayor cantidad de bienes, es establecer privilegios y discriminaciones intolerables. Elevamos la más enérgica protesta”.
Esta iniciativa nace en Gijón, pero se incubaba desde que hace un año se cerró sin consecuencias el debate facilitado en Madrid por Ruiz-Gallardón. La disputa está en la plaza pública y se extenderá a medida que aumente la presión fiscal y arrecie la crisis en el bolsillo del ciudadano.

Los obispos tienen
 la ilusión
 de que sus fieles 
pagan 
un impuesto religioso
La Iglesia católica está exenta del IBI —y de otros muchos impuestos— en virtud de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede firmados en Roma el 3 de enero de 1979. ¿Deben pagar los obispos el IBI, como los demás propietarios? Voces eclesiásticas tachan de “anticlericalismo casposo” y de “laicismo agresivo” la idea de extender el modelo italiano a España. El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, guardó silencio hace una semana cuando se le preguntó sobre el tema. Se limitó a remitir la pregunta, con displicencia, al responsable económico de su organización y presidente de la Cope, Fernando Giménez Barriocanal. Este tomó la palabra para irse por la tangente. Dijo: “El régimen fiscal que tienen las instituciones de la Iglesia católica, en su 99% no deriva de los acuerdos Iglesia-Estado, como la gente piensa. Deriva de la Ley de Mecenazgo 49-2002. En materia de IBI, por ejemplo, tenemos exactamente el mismo régimen que cualquier fundación y cualquier partido político. No hay un régimen de privilegio en ningún caso. Debe quedar claro”.
Lo que se le había preguntado al obispo portavoz es si la Iglesia católica no se ha planteado “hacer un gesto, como pagar el IBI, en solidaridad con las dificultades del pueblo de Dios por la crisis”. Pese a lo dicho por el hombre de los dineros católicos, la realidad es que no es la vigente Ley de Mecenazgo, sino el concordato de 1979 (con el nombre de Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos), quien regula el régimen fiscal de esta Iglesia, por el que la Conferencia Episcopal recibe cada mes del Ministerio de Hacienda dinero para pagar los salarios de obispos y sacerdotes.
Así lo prescribe cada ejercicio fiscal la Ley de Presupuestos Generales del Estado en una de sus disposiciones adicionales. Este año serán 248,3 millones. Además de esa asignación tributaria mediante el IRPF, la Administración pública paga, mediante el concordato de 1979, los salarios de decenas de miles de profesores de catolicismo y de cientos de capellanes castrenses, hospitalarios y penitenciarios. También subvenciona la enseñanza religiosa concertada con casi 4.000 millones, la conservación del ingente patrimonio arquitectónico eclesiástico y otras muchas actividades de la jerarquía católica. La cantidad total se acerca a los 10.000 millones de euros, según Europa Laica. Unos 1.000 millones se deben al paraíso fiscal.

Nace en Gijón una plataforma cívica con el lema “IBI todos o ninguno”
Un ejemplo reciente de confusión es la restauración de la catedral de Tarazona. Ha costado 20 millones de euros, pero la Iglesia católica puso apenas 480.000 euros. El resto lo ha pagado la Administración del Estado, con este reparto: Gobierno de Aragón, 9,6 millones; Gobierno central, 6,9 millones; Gobierno central y Caja Inmaculada (partida conjunta), 2,3 millones, y Fundación Tarazona Monumental, 400.00 euros. Entrar a la hermosa catedral costará cuatro euros (billete normal). Irán a parar a las arcas eclesiásticas sin impuesto alguno.
El historiador Stanley G. Paine ha hecho el recuento de las propiedades de la Iglesia romana en España, desde luego el mayor casero del reino después de la Administración del Estado (o a la par). Este es el resumen: 100.000 propiedades, de las que 5.000 son edificios religiosos. “En torno al 80% del patrimonio artístico de España es propiedad de la Iglesia, que también dispone de 300 museos y 103 catedrales”, dice.
Sobre el dinero, el también historiador William J. Callahan afirma que la Iglesia católica dispone ahora de menos dinero que en el siglo pasado. Cierto. Durante el régimen franquista, la Iglesia recibía para su funcionamiento entre el 1,25% y el 2% de los Presupuestos del Estado. Era, pese a todo, menos que el que le entregó la dictadura de Miguel Primo de Rivera, en los años veinte.
“En 1970, la cantidad total que la Iglesia recibía, directa o indirectamente, sumaba la impresionante cifra de 2,6 billones de pesetas [15.626,3 millones de euros, casi 6.000 millones más que ahora]“, sostiene Callahan. Son, arriba o abajo, las cantidades calculadas por Joan Castellà-Gassol.
Ahora se sabe, sin embargo, que el general Francisco Franco estuvo a punto de cerrar el grifo a los obispos. Liderada por el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, la Iglesia oficial, impulsada desde Roma, buscaba un alejamiento del régimen dictatorial, del que había sido durante décadas el mayor apoyo. Eran los tiempos del Concilio Vaticano II.

Franco amenazó en 1973 
con dejar de financiar
 a la Iglesia,
 su principal sostén
Fue Gregorio López Bravo, el ministro de Asuntos Exteriores, quien se lo advirtió a Tarancón. Franco no quiere, pero recibe muchas presiones para que acabe sobre todo con la financiación, le dijo. Eran tiempos de anticlericalismos de derechas, con la Falange en primera línea de fuego.
López Bravo añadió: “El vaso está lleno, basta una gota más para rebosar”. Pero la dictadura aguantó, no sin abrir una cárcel solo para curas en Zamora y sin hacer el recuento a los prelados del dinero recibido del régimen que ahora parecían detestar.
La cifra la desgranó Franco ante las Cortes con motivo de su 80º cumpleaños. “Había que recordar a los obispos lo que debían al régimen. En dinero contante y sonante, habían recibido 300.000 millones de pesetas. El discurso fue pronunciado el 7 de diciembre de 1972 y aireado convenientemente por la prensa, que sin duda había sido estimulada por el Gobierno. Los periódicos, como es fácil suponer, exageraron convenientemente la nota hablando de la ingratitud de la Iglesia”.
Lo escribe el historiador Luis Suárez en Franco y la Iglesia. Añade que el Ministerio de la Vivienda preparó con urgencia otro recuento. “Se trataba de un balance de las cantidades invertidas en edificios y escuelas religiosas, y para reparar catedrales y otros monumentos. Se partía de 1942. Hasta 1973 superaba los 4.000 millones de pesetas”.

En 1979 los prelados se comprometieron a buscar fórmulas de autofinanciación
Stanley J. Payne no se atreve a dar cifras actuales, pero afirma que “la política socialista (se refiere a los Gobiernos de Felipe González, entre 1982 a 1986) se mantuvo pragmática, dispuesta a subsidiar a la Iglesia en asuntos que beneficiarían objetivamente a la sociedad española, como la educación, mientas se resistía a incrementar las subvenciones por actividades religiosas en sí”. Añade que Alfonso Guerra, que negoció con los obispos esos asuntos, se jactó de que “el Gobierno socialista ha sido el que más dinero ha dado a la Iglesia a través de los conciertos en educación”.
“El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”, reza el artículo dos del concordato de 1979, firmado en Roma por el cardenal Villot y el ministro Marcelino Oreja, miembro relevante de la Asociación de Propagandistas Católicos (ACdP). Los ingresos del episcopado por ese concepto “no estarán sujetos a los impuestos sobre la renta o sobre el gasto o consumo, según proceda”, añade el acuerdo. Proclamaba, además, “la exención total y permanente” del resto de los impuestos sobre todas las actividades eclesiásticas católicas. Y concluía con esta cláusula: “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para sus necesidades”.
No ha cumplido. Peor. En 2007, la Iglesia de Roma negoció con el Gobierno de Zapatero, mediante un simple “canje de notas”, el incremento, con “carácter estable”, de un 34% de la asignación que los obispos reciben de Hacienda cada año, cancelando su compromiso de autofinanciarse. El catedrático Dionisio Llamazares, ex director general de Asuntos Religiosos, dice que “suena a burla que la Iglesia, adalid de la ética, diga ahora sin sonrojarse que el compromiso de alcanzar la autofinanciación es unilateral y no exigible por el Estado”.

                         


Diezmos y primicias. Huertos y jardines

Quien haya estudiado el catecismo antes de 1966, en la negra España nacionalcatólica, recordará el quinto de los Mandamientos de la Santa Madre Iglesia: Pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. Es el mandato del Astete (modernizado por Vilariño), y en El Nuevo Ripalda para la Nueva España. Los mandamientos eran cinco: Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar; confesar al menos una vez al año, o antes si se espera haber peligro de muerte o si se ha de comulgar; comulgar por Pascua Florida; ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, y el citado quinto: pagar los dichosos diezmos.
La formulación de este último mandamiento, explicaba el catequista, era de inspiración bíblica. Aludía a la décima parte de las cosechas y el ganado y las primicias y los frutos nuevos y las crías primogénitas que había establecido Moisés. Hasta tan lejos se remontaba la soberanía fiscal de la Iglesia de Roma allá donde mandaba. España fue uno de sus territorios, durante siglos, y los fieles le debían satisfacer, por obligación, esos diezmos y primicias, para el levantamiento de las cargas eclesiásticas y el ejercicio del ministerio pastoral.
Los teólogos justificaron el derecho de su Iglesia a recaudar impuestos con apelaciones al carácter de “sociedad perfecta”. En el concordato de 1953 entre Franco y el Vaticano, que se publicó en el BOE “en el nombre de la Santísima Trinidad”, no aparecen ya los diezmos. Se sustituyen por una “congrua dotación” entregada por el Estado para el sostenimiento del clero y el culto católicos, la única religión en aquella resentida España.
Alejandro Nieto, catedrático emérito de la Universidad de Valladolid y expresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, acaba de publicar un imponente retrato de una España anterior, la de Mendizábal (Mendizábal. Apogeo y crisis del progresismo civil. Historia política de las Cortes Constituyentes de 1836-1837. Editorial Ariel). Es otra historia, llena de luces (grandes luces) y sombras. ¡La desamortización! De aquellos polvos vienen estos lodos, porque el miedo a la Iglesia entonces inmensamente rica y poderosa, aplastó las buenas intenciones. Escribe el profesor Nieto: “A la muerte de Fernando VII la Iglesia necesitaba un cambio profundo. Sus males venían de muy atrás, y habían sido denunciados implacablemente por los ilustrados. El Alto Clero estaba moralmente corrompido y el Bajo se debatía en la ignorancia y la miseria, mientras que los frailes ahogaban económicamente a la población”.
La desamortización de Mendizábal escenificó la aconfesionalidad del Estado, pero no supuso abrazar la laicidad. Es la España de hoy, cuyo Estado tiene en nómina a obispos y curas, como si fuesen funcionarios. No otra cosa es —se ponga como se ponga la caverna eclesiástica asilvestrada— pagar cada mes sus salarios con dinero de todos los españoles, vía Presupuestos, porque sus fieles católicos no pagan impuesto religioso alguno.
De eso trata también un estupendo informe del catedrático Alejandro Torres, de la Universidad Pública de Navarra. Se titula El principio de laicidad del Estado. Beneficios fiscales de las viviendas de los ministros de culto y los huertos y jardines de titularidad eclesiástica en España.
El artículo 31.1 de la Constitución dice que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Todos menos las huertas y los jardines de los eclesiásticos, tratados por el fisco mejor que los empleados públicos.
Es una tragedia para nuestra vida que nunca nos hayan educado a mirarnos a nosotros mismos de la manera correcta. Sólo nos educaron para aprender el mundo exterior y algo para enfrentar sus problemas. Por lo tanto cuando uno crece sabiendo tanto del mundo exterior y sin embargo siendo totalmente ignorantes de uno mismo, de los deseos, ambiciones, valores y visión de la vida de uno, podremos estar muy preparados en nuestros trabajos pero estamos totalmente confundidos respecto a si el placer nos trae felicidad, si el deseo y el apego son la misma cosa que el amor, y por qué de las diferencias entre un hombre y otro se convierten en inequidades. La felicidad, el amor, la no violencia, la humildad no son algo que uno pueda alcanzar directamente. Llegan como resultado de la búsqueda, del conocimiento de uno mismo y del entendimiento, el cual interiormente limpia nuestra conciencia sin imponer ninguna opinión fija, creencia o patrones de pensamiento. Si uno ve claramente, a través del examen cercano y cuidado, que la búsqueda del placer no conduce a la felicidad, entonces nuestra visión por medio del placer en la vida se altera desde el principio y la búsqueda del placer se desvanece sin ningún esfuerzo, sacrificio o supresión.


Entonces hay una natural austeridad que es totalmente diferente de la práctica auto impuesta de austeridades. De manera igual si uno realmente llevó a cabo, mediante nuestra propia observación e investigación, que uno no es esencialmente diferente de otro ser humano porque uno comparte con ellos los mismos problemas del miedo, la inseguridad, el deseo, la codicia, la violencia, la soledad, el dolor y el interés egoísta, que opera en la conciencia de todos nosotros, entonces uno no sentiría tan diferente de otro ser humano. A través de nuestra ignorancia damos una importancia tremenda a las relativas diferencias superficiales entre nosotros, como las diferencias en creencias, propiedad, conocimiento, habilidad, que son todas adquisiciones. No nos preguntamos a nosotros mismos por qué damos tanta importancia a nuestras adquisiciones, por qué dejamos que dividan a un hombre de otro, cuando en realidad compartimos la misma conciencia humana. Si usted mentalmente despoja a un hombre de su riqueza, posesiones, estatus, creencias y conocimiento y le examinamos su conciencia, ¿es realmente diferente de la de otro ser humano?.  Como en la casta, color o credo, un ser humano no cambia la composición de su sangre, nuestras adquisiciones ya sean mentales o materiales no alteran el contenido de nuestra conciencia. Si no nos limitamos nosotros mismos de ver la verdad de esto, realizaríamos la unidad que subyace en toda la humanidad. Es la ignorancia la que nos divide, no las diferencias entre nosotros. J. K.

Foto de El ayuntamiento de Oviedo, con los votos del PP y Foro, rechaza cobrar el IBI a la Iglesia
El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha rechazado este miércoles, con los votos del PP y de Foro, cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia Católica, tal y como ya ha decidido hacer el consistorio de Zamora Ha sido la coalición IU- Los Verdes la que ha propuesto en la sesión plenaria modificar el decreto por el que se exime a la Iglesia de este impuesto, alegando que supondría una recaudación de 3.000 millones de euros.

¿quién paga el IBI? ¿Qué ley regula su aplicación? ¿Hay otras excepciones además de la que dice la norma? ¿Cómo se escapan algunas instituciones de su cobro?
La respuesta general pasa por que la Iglesia sólo paga el IBI cuando un inmueble de su propiedad que se encuentre cedido genere un beneficio.
Los sindicatos, por su parte, lo hacen sobre los locales de su propiedad. Lo que ocurre es que, según fuentes sindicales, la inmensa mayoría de sus dependencias pertenecen a Patrimonio del Estado, aunque ellos gozan de su cesión gratuita. De esta forma, el Ministerio de Empleo es quien se encarga de pagar el IBI de estos inmuebles.
El tercer gran bloque de polémica se ha centrado en los partidos políticos. Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba afirmaron ayer que Génova y Ferraz cumplen con elAyuntamiento de Madrid respecto a sus sedes principales, pero hasta el presidente del Gobierno no puso la mano en el fuego por todas sus sedes.
Porque también es verdad que, en el caso de que un local esté adscrito a una fundación o sociedad sin ánimo de lucro ya queda fuera de la obligación de pago. Eso incluye desde las organizaciones vinculadas a los partidos hasta la SGAE, pasando por ONGs y asociaciones sociales.
¿Cómo se llega a esta situación?. Lo primero de todo es la ley básica. Y la del impuesto más importante de la contribución local (como la de todos los tributos municipales) se recoge en el Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Sin embargo, esta norma no es la única a tener en cuenta. También hay que tener encima de la mesa la Ley de Mecenazgo de 2002 y el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1979.
La llamada Ley de Haciendas Locales recoge en su artículo 62 las exenciones aplicables exclusivamente al Impuesto de Bienes Inmuebles, estableciendo que están libres de su cobro los siguientes casos:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos o penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional.
(Es decir, desde comisaría a bibliotecas, pasando por cuarteles y todo lo que pertenezca al Ministerio de Defensa).
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos por el Acuerdo con la Santa Sede. Pero también los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas.
(Lo que significa que mezquitas o sinagogas, por ejemplo, tampoco pagan).
(¿Y qué dice el acuerdo de la Santa Sede? Que están exentos de cualquier impuesto municipal "los templos y capillas destinados al culto y, asimismo, sus dependencias o edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral; la residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas; los locales destinados a oficinas de la curia diocesana y a oficinas parroquiales; los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas;  y los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada").
(Un ejemplo práctico de lo que supone la Iglesia para el IBI: en Cádiz, una ciudad donde el listado de contribuyentes apenas cambia porque no hay especio físico para construir, lo que el Ayuntamiento deja de ingresar por IBI por culpa de la Iglesia asciende a casi 200.000 euros, según recoge Diario de Cádiz. El total de lo que no se recauda por todas las exenciones ascendería a 2,5 millones, con lo que las propiedades eclesiásticas suman el 8% de la merma).
d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Aquellos que, en virtud de acuerdos internacionales, dejen como exentos los edificios pertenececientes a gobiernos extranjeros que se destinen a representación diplomática, consular o acción oficial.
f) La superficie de montes poblados con especies de crecimiento lento, cuyo aprovechamiento sea la madera o el corcho.
g) Los terrenos ocupados por líneas de ferrocarril y los edificios enclavados en ellos, siempre y cuando sean estaciones, almacenes o servicios indispensables para su explotación.
(Los bares de estación, así como otros establecimientos lucrativos, viviendas de empleados o las oficinas de la dirección sí que pagan el IBI).
Todo lo anterior es una exención de hecho y directa.
Además, existe la posibilidad de que, previa solicitud, queden exentos:
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo.
(Las universidades, por su parte, no están gravadas por el IBI si así lo piden).
b) Los declarados expresa o individualizadamente monumento o jardín histórico y que sean parte del Patrimonio Histórico Español.
Y, por último, cada Ayuntamiento podría desarrollar una ordenanza fiscal para dejar fuera de cobro a los centros sanitarios.
La trampilla de la Ley de Mecenazgo
Por si no fuera poco con todo lo anterior, que deja fuera de tributación colegios, cuarteles, hospitales, iglesias, comisarías, estaciones de tren, consulados o centros universitarios, el Partido Popular aprobó en 2002 la Ley de Mecenazgo, por la que se incluye una exención en los tributos locales de todas las entidades acogidas a esta norma (y que deben comunicárselo a los municipios).
¿Y quién se acoge a esta ley? Las siguientes figuras: las fundaciones; las asociaciones declaradas de utilidad pública; las organizaciones no gubernamentales de desarrollo de Cooperación Internacional para el Desarrollo; las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones; las federaciones deportivas españolas y sus divisiones territoriales y el Comité Olímpico Español; y las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos.
Una lista que termina incluyendo a casi cualquier organización, ya sea una ONG hasta una fundación de una gran empresa o partido político.




http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/lista-completa-y-muy-larga-de-todos-los-que-no-pagan-el-ibi-en-espana_4NYQgWkRvAXKV2HOWuvzR1/
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¿La justicia es igual para todos? 

El presentador traslada la pregunta a abogados, jueces y fiscales

Jordi Évole y un periodista de El PERIÓDICO analizan a Fèlix Millet

A. C. / Barcelona
¿La justicia es realmente ciega? El periodista Jordi Évole vuelve a escrutar la actualidad en el programa 'Salvados' de La Sexta y esta noche, a las 21.30 horas, buscará respuesta a esta pregunta. En Justicia, ¿igual para todos? Évole repasará algunos de los casos de corrupción más importantes de los últimos años y las consecuencias que han tenido para los acusados.Hablará con abogados, fiscales, jueces y periodistas entre los que se encuentra el redactor de tribunales de EL PERIÓDICO Jesús G. Albalat, quien analiza el 'Caso Palau', en el que Fèlix Millet desvió 35 millones de euros del Palau de la Música. “Millet entrará en la cárcel, pero saldrá en un corto plazo de tiempo porque confeso y está devolviendo el dinero. Por su avanzada edad (tiene 77 años), es posible que pida el tercer grado y solo acuda a prisión para dormir”, sotiene Albalat.
zoomJordi Évole entrevista al periodista Jesús G. Albalat (en el centro junto al presentador) en el programa Salvados de esta noche.
Jordi Évole entrevista al periodista Jesús G. Albalat (en el centro junto al presentador) en el programa Salvados de esta noche. Emilio Pérez de Rozas
“Hay una justicia de pobres y una justicia de ricos”, asegura el abogado Jaume Asens. Más duro se muestra José María Menaex Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya: “La justicia no es igual para todos, y lo sabe todo el mundo”. Y añade: “Garzón ha tocado demasiadas narices a demasiadas personas”. Ante la pregunta de si los ciudadanos confían en la justicia, Albalat es conciso: “La justicia que no es rápida no es justicia”. Esta noche en 'Salvados' más casos, como la sentencia en contra del juez Baltasar Garzón y el 'no culpable' de Francisco Camps, y más respuestas
El Rey y la Constitución española dicen que la justicia


es igual para todos




EL YERNO DEL REY LLEVA YA MÁS DE 17 HORAS DECLARANDO EN LOS JUZGADOS DE PALMA

El juez se desespera con las evasivas de Urdangarín: "Para esto no hubiera venido"

"No sé"; "no lo recuerdo"; "no me consta"; "eso pregúnteselo al administrador"... Las continuas evasivas de Iñaki Urdangarín, que sigue a estas horas declarando en los juzgados de Palma, han hecho perder la paciencia al juez José Castro, quien, harto de la estrategia escapista del yerno del Rey, ha llegado a recriminarle su actitud: "Para decir esto es mejor que no hubiera venido"...................
El yerno de Don Juan Carlos, a quien su condición de imputado le da derecho a esquivar las preguntas incómodas e incluso a no decir la verdad, ha seguido descargando toda la responsabilidad sobre los hechos delictivos que se le atribuyen -entre ellos malversación y fraude fiscal- en su antiguo número dos y ex administrador del Instituto Nóos, pese a que era él quien presidía la entidad. Y cuando se han consumido ya más de 17 horas de declaración -entre ayer y hoy domingo-, no parece que Urdangarín vaya a cambiar de estrategia.
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Bueno, ¿ entonces cualquier ciudadano podria hacer lo mismo ?¿ cual sería la diferencia? esperemos a ver todo el desenlace y  la sentencia...
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 El Confidencial: hay sobrados motivos jurídicos para que la hija menor del rey Don Juan Carlos comparezca ante el juez, como testigo o incluso en calidad de imputada.

El juez no tendrá más remedio que citarla a declarar antes o después, al menos como testigo. Y en ese caso deberá comparecer personalmente en el juzgado. No podría acogerse al derecho de declarar por escrito, porque ni es una persona aforada ni goza de ningún privilegio constitucional por ser la hija del Rey", sostiene Susana Huerta, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. "Desde el punto de vista jurídico y procesal la infanta Cristina es una ciudadana más, pero también es cierto que representa a una institución, la Monarquía, que es necesario preservar. Y esa puede ser la razón de que el juez todavía no la haya citado a declarar"



Obligada a decir la verdad
"Incluso aunque no fuera copropietaria de Aizoon habría razones más que suficientes para que prestase declaración, porque también formaba parte de la junta directiva del Instituto Nóos. Pero siendo socia de Urdangarín en esa inmobiliaria todavía está más justificado. Es cierto que si declara en calidad de testigo estaría obligada a decir la verdad, pero, como son marido y mujer, no tiene por qué incriminar a Urdangarín", afirma Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha. "Resulta extraño que el juez no la haya incluido, al menos por ahora, en la lista de declarantes", añade. "Es como si hubieran levantado un velo para protegerla por ser quien es".
"Si dependiera de mí la citaría como imputada. Pese a lo que muchos piensan, declarar en calidad de imputado es una garantía, porque puedes comparecer acompañado por un abogado y guardar silencio o incluso mentir. Y el juez puede levantar la imputación en el mismo momento de la declaración", señalaEnrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense. "Lo primero que le preguntarán es si tenía conocimiento de los presuntos delitos cometidos por su marido, y estará obligada a decir la verdad en el caso de que vaya como testigo, lo que podría incriminarla", prosigue Gimbernat, que añade: "Estoy convencido de que si el juez aún no la ha citado es porque hay presiones políticas".




"Yo comparto plenamente lo que dijo José Ramón Soriano", afirma otro prestigioso penalista que prefiere guardar el anonimato. "La infanta Cristina es propietaria del 50% de una sociedad que ingresó fondos públicos captados de forma presuntamente ilegal, así que algo tendrá que decir.Ella también se ha beneficiado de ese dinero desviado irregularmente, y tendrá que ser el juez, tras escucharla a ella y a los demás testigos e imputados, el que decida si conocía o participaba en las decisiones que tomaba su marido". Soriano, magistrado del Tribunal Supremo, también dijo que "parece que la mayor responsabilidad es de su marido, pero él [Urdangarín] arrastró a la compañera, que no parece una persona tonta". Y añadió que "si hay que meter a Urdangarín en la cárcel, pues se le mete".         

"Si dependiera de mí la citaría como imputada. Pese a lo que muchos piensan, declarar en calidad de imputado es una garantía, porque puedes comparecer acompañado por un abogado y guardar silencio o incluso mentir. Y el juez puede levantar la imputación en el mismo momento de la declaración", señala Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense. "Lo primero que le preguntarán es si tenía conocimiento de los presuntos delitos cometidos por su marido, y estará obligada a decir la verdad en el caso de que vaya como testigo, lo que podría incriminarla", prosigue Gimbernat, que añade: "Estoy convencido de que si el juez aún no la ha citado es porque hay presiones políticas". "Yo comparto plenamente lo que dijo José Ramón Soriano", afirma otro prestigioso penalista que prefiere guardar el anonimato. "La infanta Cristina es propietaria del 50% de una sociedad que ingresó fondos públicos captados de forma presuntamente ilegal, así que algo tendrá que decir. Ella también se ha beneficiado de ese dinero desviado irregularmente, y tendrá que ser el juez, tras escucharla a ella y a los demás testigos e imputados, el que decida si conocía o participaba en las decisiones que tomaba su marido". Soriano, magistrado del Tribunal Supremo, también dijo que "parece que la mayor responsabilidad es de su marido, pero él [Urdangarín] arrastró a la compañera, que no parece una persona tonta". Y añadió que "si hay que meter a Urdangarín en la cárcel, pues se le mete".

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Los “pinchazos” ordenados por Garzón fueron avalados por el fiscal (podría haberse opuesto a ellos, aunque la decisión última era del instructor), que nunca planteó su ilegalidad, y cuando la causa pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juezAntonio Pedreira no solo no las anuló, sino que ordenó su prórroga.
Si Garzón ha prevaricado porque dictó una resolución ilegal a sabiendas de que lo era, como dice la sentencia, ¿por qué no ha sido acusado del mismo delito el juez Pedreira o los fiscales? ¿Garzón utilizó la ley torciteramente y Pedreira se equivocó? Alguien debería explicar semejante contradicción si la Justicia, con mayúscula, no quiere que los ciudadanos crean que además de los fundamentos jurídicos de la sentencia en la misma han pesado otros motivos inconfesables. ¿Cometen prevaricación quienes no han tenido en cuenta este "detalle",o sólo interpretan la ley de la manera que consideran mas justa?
Más dudas. Si la Ley General Penitenciaria establece que sólo se pueden intervenir las comunicaciones entre terroristas y sus abogados (Garzón y Pedreira coincidían en que algunos letrados de la Gürtel, además de actuar como tales colaboraban en el blanqueo de capitales), ¿prevaricó el juezAlberto Jorge, instructor del caso Marta del Castillo, al autorizar que se “pincharan” en prisión las conversaciones entre los acusados y sus abogados? Los primeros no eran terroristas y las intervenciones se justificaron con el argumento de que se pretendía conocer el paradero del cadáver de la joven, y al instructor no le pasa nada. No critico su decisión, me limito a contextualizar los hechos.
Otra pregunta más. ¿Recuerdan elcaso Naseiro sobre la presuntafinanciación ilegal del PP? Les recuerdo. La Policía tenía intervenido el teléfono de un concejal del ayuntamiento de Valencia, Salvador Palop, por su presunta implicación en un caso de narcotráfico. Las escuchas desvelaron un supuesto caso de financiación ilegal del PP, además del enriquecimiento de algunos miembros de la trama.
Uno de los imputados era el diputado popular Ángel Sanchis, lo que obligó a que la causa pasara al Tribunal Supremo, que la archivó con el argumento de que la autorización de las escuchas era para un caso de narcotráfico y no de corrupción. El juez instructor debió incurrir en un simple error, porque nadie le molestó por haber continuado con las escuchas. Los “argumentos jurídicos” del archivo los dejo a su consideración.
Hay muchos más casos sobre decisiones judiciales, cuanto menos discutibles en sí mismas, pero me extendería demasiado, de modo que voy a plantearles una última duda: el caso Urdangarín. Aquí no hay escuchas, pero sí actuaciones muy llamativas. Por ejemplo, que se haya afirmado sin género de dudas que el Rey estaba al tanto de los negocios de su yerno, al que habría enviado a Washington para alejarle de las “malas compañías”. ¿Si tienes conocimiento de un delito estás obligado a denunciarlo, o no estás obligado si el presunto autor es familiar directo?
Sigo. La infanta Cristina, mujer de Iñaki Urdangarín, aparece en los órganos de administración de una de las compañías que su marido utilizaba presuntamente para desviar fondos públicos en beneficio propio. ¿Debería ser citada al menos como testigo?, porque en el caso Gürtel, por volver al principio, han pasado por el juzgado las mujeres de los imputados. En este caso no ha hecho falta porque el instructor ha considerado que era un mero figurante y como tal no tenía nada que ver con los negocios de su marido que, además, desconocía. Si no fuese la hija de los Reyes ¿habría sido citada como testiago o como imputada?
Urdangarín comparece el próximo día 25 (su testimonio se ha demorado y demorado y demorado, pero el resto de sus colaboradores ya han declarado y están encausados) y a dos semanas de que declare nos enteramos de que elConsejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación al juez instructor, José Castro, por las filtraciones de la causa a los medios de comunicación. Si es por ese motivo, el Consejo tiene por delante una tarea abrumadora, porque no hay procedimiento, ni aún secreto, al que los periodistas no tengamos acceso por distintas vías. Saben sus excelentísimas señoría que además del juez y del fiscal, en una causa hay una acusación y una defensa que tienen acceso a ella. A ésta le suele convenir que no se conozca nada de lo actuado, y a la acusación que se airee. ¿Por qué se abre una investigación en el caso Urdangarín, con la aquiescencia nada menos que del órgano de gobierno de los jueces, y en otros casos las quejas se archivan? ¿Es una coincidencia?
Las leyes están abiertas a la interpretación y ésta no deber sustraerse del contexto en el que se producen los hechos enjuiciados, pero a la vista está que hay contextos y contextos, visto lo cual mantengo el título de esta columna. Si la Justicia no es ciega ni es igual para todos, ¿podemos llamarla Justicia?

http://www.elconfidencial.com/opinion/tirando-a-dar/2012/02/11/la-justicia-ni-es-ciega-ni-es-igual-para-todos-8697/
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El guiñol del juicio a Garzón


ETA, 'el narco', Pinochet y el PP quedan extrañamente unidos en la alegría por una sentencia que deja a España en evidencia ante el mundo
La actuación del juez les parece a los señores del Supremo (que se sepa quienes son: Joaquín Giménez García, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Francisco Monterde Ferrer, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Luciano Varela Castro y Manuel Marchena Gómez), una clarísima “vuelta a los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa” al Estado. Así de grueso.

Con esto, dicen los partidarios de la sentencia, se demuestra que la Justicia es igual para todos. Pero no dicen que en el caso Marta del Castillo el juez trato de averiguar donde estaba el cuerpo de la muchacha ordenando las mismas escuchas; o que el juez del caso del narcotraficante Pablo Vioque descubrió con esas escuchas en la cárcel el plan para asesinar al fiscal jefe de la Audiencia Nacional y ex fiscal jefe Antidroga Javier Zaragoza; o que se hizo lo propio en el caso Palma Arena en Baleares. En éstos, como en otros procesos, unas interpretaciones de la Ley realizadas por los jueces fueron admitidas y en otras no. Pero a ninguno se le acusó de intencionalidad, de prevaricación. Es entendible: ninguno se llamaba Garzón, tampoco.

Si existe la posibilidad de dimitir como ciudadano español, esa ventanilla burocrática debería estar ahora colapsada de ciudadanos esperando a que la abra algún funcionario. España queda en evidencia ante el mundo como el país de pandereta de antaño, el país de pandereta (eléctrica, si quieren, está permitido descargar esa actualización) que sigue siendo. Porque ahora que nos hemos deshecho de Garzón, ¿quién lo va a sustituir? Quién se atreverá a poner en jaque al político corrupto o al dictador asesino... La respuesta no está en la oronda barriga de los inservibles magistrados del Supremo. Está en la absoluta y vergonzosa nadería. De verdad que hoy es un día triste para la Justicia en España.

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/80805/el-guinol-del-juicio-a-garzon
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¿La Justicia es igual para todos?


Soy copropietario de una pequeña empresa de instalaciones eléctricas, arruinada por los impagos y la estafa de una importante empresa constructora y, en su momento, convencidos de nuestra razón y confiando en la Justicia, presentamos ante el juzgado las correspondientes demandas. En la actualidad y después de más de año y medio, dichas demandas siguen sin ser atendidas y los juicios se retrasan sucesivamente, mientras que por el contrario ese mismo sistema judicial autoriza a los bancos para que nos embarguen sin piedad todas nuestras cuentas y propiedades, penalizándonos con intereses salvajes y abusivos, cuando nuestra única culpa es estar en posesión de un ramillete de letras y pagarés devueltos por una constructora que ningún banco acepta, obtenidos como fruto del trabajo y esfuerzo de todo un equipo que ahora, al no ser válidos, se vuelven contra nosotros. Al mismo tiempo, a los bancos sí se les atienden sus demandas, por cierto ejercidas muy posteriormente. Puedo entender que la Justicia esté colapsada y que haya retrasos, pero entiendo que éstos deberían de ser para todos y en todos los casos y no solo en determinadas direcciones. Como resultado, los verdaderos culpables de los impagos no sienten el aliento de la Justicia, no se les culpabiliza de nada y además se permite a los banqueros aprovecharse de la situación y hacer leña del árbol caído. Ante este panorama, tan solo nos queda cerrar la empresa, perder dinero, empleos, equipo humano e instalaciones. Todo el trabajo e ilusión de varios años tirado por la borda sin remedio. Por eso será muy difícil a partir de ahora convencerme de que la Justicia es igual para todos. 


http://www.diariovasco.com/v/20120215/opinion/cartas-director/justicia-igual-para-todos-20120215.html

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Sr. Director:
En las noticias de Antena-3 de la noche del día 14 de febrero del año 2012 veo, y escucho “atónito”, la siguiente noticia: “dos ancianos, Carmen de 92 años de edad y Urbano de 76 van a ser juzgados por (presuntamente) robar una lata de anchoas, cuyo valor es de un euro, y por ese “terrible” hurto les piden una condena de 4 días de arresto domiciliario”.



Al ver esa noticia se me quedó una cara de “jilipua” que aun hoy me cuesta creérmelo. España, año 2012, un país con más de cinco millones de parados y ninguna justicia para ellos, cantidad de corruptos por todas las provincias españolas, Gürtel, caso Palau, ERES y más en Sevilla, caso Matas, Urdangarín en Mallorca, distintos casos de corrupción en el país Valenciano como Fabra y compañía, Castilla y León, casos Navas del Marqués y otros, caso parques eólicos y otros en Canarias, Brunete, Navalcarnero y más en la comunidad de Madrid, Águilas en Murcia, caso Gondomar y otros en Galicia, caso Pretoria y otros muchos en Catalunya ,así por todas partes sin olvidar lo de Marbella… y que yo sepa la justicia Española aun no a hecho devolver a estos ladrones, (los condenados) y presuntos ladrones el dinero robado.
Sin embargo, a estos dos ancianos les van a hacer uno de esos llamados “juicios rápidos” ¡por una lata de anchoas de un euro! Me avergüenzo de pertenecer a un país donde los verdaderos ladrones están en la calle amparados por todos los derechos constitucionales, mientras a personas de una edad avanzada se les quiere condenar por un euro.
Miguel Dueñas Muñoz

La justicia es igual para todos



Por mucho que nos repitan esta mentira, aunque el propio regente hegemónico la difunda en su mensaje navideño, para tratar de ocultar, en su mezquindad, la desigual realidad y la corrupción de su entorno, intrínseca a su propia condición antidemocrática, la justicia no es igual para todos, no lo ha sido jamás, y tendremos que pelear aún mucho, sin descanso, si queremos que alguna vez lo sea.
¿Álguien puede imaginar que la actuación judicial será la misma, ante igual delito, en nuestro caso y en el de los descendientes de la Casa de Alba, un miembro de la saga borbónica, un presidente autonómico, un miembro del consejo de administración del banco Santander, un futbolista millonario, o simplemente, un juez?
No se trata de una desigualdad filosófica, empírica, la desigualdad emana de la propia legislación, donde figura oficialmente registrada. No es igual para todos desde el momento en que una fianza económica posibilita que quien disponga de dinero pueda eludir la prisión y quien no sea encarcelado. No lo es cuando ser o no condenado dependerá de tus conocimientos del protocolo de la justicia, de tus contactos, o de con quién te hayas metido. Cuando convertimos nuestras cárceles en academias del crímen para unxs y en paraísos del ADSL para otrxs.
Resulta incomprensible, no nos lo creemos, que haya quien se crea esta mentira, cuando existe tal infinidad de pruebas que la desmontan. La princesa Cristina no será imputada mientras que la esposa del socio de su marido, con idénticas cargas procesales, sí lo es. El señor Camps, absuelto, con todas las pruebas en su contra. El consejero del Santander Saénz, indultado a pesar de un informe concluyente del propio Tribunal Supremo en contra por “no existir razones de justicia o equidad”. El juez Garzón, defenestrado en el mismo instante en que llegó siquiera a molestar al núcleo duro del franquismo….
Exigimos y luchamos por la igualdad administrativa real de todxs lxs ciudadanos, no sólo ante la justicia, y por la independencia del poder judicial, aspectos mucho más relacionados de lo que pudiera parecer.
Grupo de trabajo de política a corto plazo Sol

Algún día todo esto nos saldrá muy caro

El caso Dívar muere antes de empezar. La fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia contra el presidente del Tribunal Supremo sin siquiera ir a juicio. La decisión es un absoluto despropósito, por mucho que se vista de legalidad. Según la Fiscalía, el presidente del Supremo no tiene por qué explicar en qué se gasta el dinero de todos: si él asegura que es un viaje oficial no hace falta decir más. Según la Fiscalía, algunos de estos gastos pueden ser “de carácter reservado” y el señor Dívar tiene derecho a no revelar los detalles, como si fuese un agente secreto en misión especial en Marbella. Según la Fiscalía, la semana caribeña es de lo más legal y el señor Dívar es inocente porque “no pretendió lucrarse”. Solo falta, para rematar, que la Fiscalía asegure como hizo el propio presidente del Supremo, que 18.000 euros es “una miseria” de la que no merece la pena hablar más.
Algún día todo esto saldrá caro: algún día pagaremos con altísimos intereses este constante deterioro institucional, esta permanente sensación de estafa que sufren muchos ciudadanos, esta aparente impunidad. Todo sale gratis: el presidente del Gobierno puede mentirnos a la cara y no pasa nada. El presidente de los jueces puede cargar gastos privados a la visa del trabajo y tampoco pasa nada. El cuarto mayor banco del país puede dejar un agujero de al menos 12.000 millones, un 20% más que el recorte en educación y sanidad, y tampoco pasa nada. El jefe del Estado puede matar elefantes, su yerno puede dedicarse al talonmano, pero nunca pasa nada. Hasta que pase.

Dívar se “ha zumbado” con otro señor “veinte cenas con velitas para dos en hoteles de superlujo”


Según denuncia José María Calleja en el programa de Onda Cero que dirige
 Julia Otero
Dívar se “ha zumbado” con otro señor
“veinte cenas con velitas para dos en hoteles
de superlujo”

“Este señor se ha zumbado veinte cenas en un hotel de lujo. A mí que tenga la relación con 
quién le dé la gana tener. En eso barra libre, pero que lo pague él. Lo que no puede ser es 
que todo el mundo sepa con quién se está yendo este señor, que todo el mundo sepa lo que
 está haciendo, pero que nadie se atreva a decirlo”. Así de tajante se mostró este martes el 
periodista José María Calleja en el programa que Julia Otero dirige en Onda Cero sobre a la
 polémica generada en torno a Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ).

Asociaciones de jueces y secretarios judiciales piden la dimisión del presidente del
 CGPJ y desde ámbitos cristianos le exigen que revise sus creencias
“Señor Dívar: ¿Se cree un buen católico?
 ¿Ve acorde su comportamiento con la 
enseñanza de Jesús?”

Acostumbrarse al mal permanente es muy serio porque desaparece la capacidad de reacción. 
Con la moral, con la ética pasa lo mismo. Si no me siento moralmente responsable, no puedo 
corregirme. Ya Pío XII, hace muchos años dijo eso de que lo peor que nos ha podido pasar es 
perder la conciencia del pecado”. Así se expresaba en el número de abril de la revista 'Mundo 
Cristiano' Carlos Dívar, presidente del CGPJ y del TS, quien hoy ve como asociaciones
 relacionadas con la Justicia le exigen que dimita a causa de los viajes realizados a Marbella
 y de su estancia en hoteles de lujo. Pero además, desde ámbitos religiosos, le reclaman que 
lleve a cabo un examen de conciencia sobre su actitud cristiana.

Alojamiento en un hotel de lujo, guardaespaldas, viaje en Barco…
La denuncia hace referencia, además, a los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los escoltas del presidente del Consejo General del Poder Judicial (entre cinco y siete agentes), por los referidos viajes, que ascendieron a 26.741,85 euros. Los viajes descritos tuvieron una duración de al menos cuatro días, es decir, fines de semana que suelen empezar en jueves y terminan en martes, lo que en el Consejo se conoce como “semana caribeña”.

La “miseria”
La asociación Jueces por la Democracia publicó un comunicado en el que mostraba su “preocupación” por los hechos de los que se acusaba al presidente del CGPJ y se pedía a Dívar que diera “explicaciones”, pero “evitando manifestaciones reveladoras de escasa sensibilidad con la situación económica que padece gran parte de la ciudadanía”. La asociación progresista hacía así alusión a las palabras de Dívar, que calificó la presunta cantidad malversada de “miseria”.

Solecito, pescaíto frito y una rebequita para las noches
La denuncia contra el presidente del Tribunal Supremo recogida por los medios durante los últimos días ha provocado polémica, malestar, especialmente entre los miembros del Consejo General del Poder Judicial y algunas elucubraciones, como las de Boris Izaguirre, este fin de semana en El País, de las que ELPLURAL.COM se hizo eco. “Durante el día un poquito de leyes y papeleos. En la tarde solecito y pescaíto frío, y en la noche, ¡ay, en la noche…una rebequita para cubrir las espaldas”, escribió Izaguirre sobre los viajes de Dívar.

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 Carta abierta a la extrema derecha judicial



Corren tiempos difíciles para la Justicia en este país. De tan vendada que va, algunos se empeñan en conducirla hacia un abismo -el de la suprema injusticia- del creímos salir en 1978. Tipos repugnantes como Camps salen airosos de sus citas con la justicia, por más evidente que parezca su inculpación presunta a los ojos de un ciudadano medio con sentido común. Coincidiendo en el tiempo y casi en el espacio, al Juez Garzón -representante durante años de la valentía, el arrojo, la gallardía y el valor en la justicia- se le condena por apuntar a aquellos que presuntamente pertenecen al crimen organizado; y organizado de verdad, aunque provenga del Levante mediterráneo y no de fríos países del este.

Son días en que la extrema derecha con intensa presencia en la judicatura de este país, celebra los acontecimientos como si la polaridad de la justicia se hubiera invertido. Se persigue a los honorables, se absuelve a los otros.

Repugnante. Es tal la división de la sociedad que incluso en un foro donde se denuncian con intensidad las corruptelas, los especuladores y se detesta a los políticos vendidos, cada vez que aparece el nombre del Juez valiente se responde con más insultos que ensalzas.

Me parece repugnante que no se juzgue a una Infanta que pudiera o pudiese presuntamente tener lazos evidentes con una trama de evasión fiscal y a cambio se investigue por parte del CGPJ al Juez que instruye la causa. Probablemente será otro condenado, como el Sr. Garzón, por atreverse a investigar las acciones del Sr. Urdangarín.

Comprendo que aquellos jueces de extrema derecha no compartan mis opiniones, pero... ¿el ciudadano medio también celebra la no imputación de la Infanta? ¿el ciudadano medio también celebra la condena de un Juez valiente? ¿el ciudadano medio celebra la absolución de los imputados en la trama Gürtel, de aquellos que recibían trajes y regalos por doquier? ¿de aquellos del "-Te quiero un huevo, -Y yo a tí más"? ¿de aquellos del "-Te has pasado siete pueblos" o los del "-Consígueme el caviar para esta noche"? ¿De los pijos amantes de los Hublot de 6.000 euros que eran vistos como futuros presidentes? ¿El ciudadano medio celebra la no imputación de la Infanta lista? ¿El ciudadano medio celebraría la potencial absolución del Sr. Urdangarín?

Y vengo a decirte -extrema derecha de la judicatura- que me das asco, que me repugnas. Sé que si pudieras darías un Golpe de Estado en este país porque para tí el sentimiento hacia gente que piensa como yo es tan recíproco como visceral y quisieras borrarnos a todos del mapa. No lo descarto. Y tampoco te subestimo. Pero también vengo a decirte que si lo haces me tendrás enfrente.

Mientras tanto, levanta tu copa y brinda.

http://www.burbuja.info/inmobiliaria/temas-calientes/283816-carta-abierta-a-extrema-derecha-judicial.html







La Infanta Cristina es tonta y analfabeta


Vengo de hablar con mi asesor fiscal, y le explico mi triste situación:

> - Oye, verás, es que mi madrido creó una sociedad y me puso a mí como administradora, y ahora le reclaman una pasta de Hacienda y me llaman a mí.

> - Debería verlo, pero ya te advierto que sí, que te las vas a reclamar a ti. Este.¿ Tú has firmado las cuentas anuales?.

> - Pues si, yo firmaba todo lo que él me pasaba.

> - Pues entonces lo siento, pero no puedo ayudarte en nada. Tienes que pagar ese dinero.

> - Es que parece que ha evadido dinero y que lo puso en una cuenta fantasma en no sé qué paraíso fiscal

> - Eso es delito, ya te estás buscando un abogado, esto es muy serio, puedes acabar en la cárcel

> - Pero es que yo nunca miraba lo que él me daba, yo firmaba y punto, ¿ no vale con que mi marido diga que yo no tenía ni idea?

> - Ante la ley no, a no ser que tú puedas justificar que eres analfabeta o que no tienes estudios, y no es el caso. Ahora tú eres responsable, porque tú eres la administradora de la empresa

> - ¿ De verdad me estás diciendo que no tengo salida?.


> - Enséñame primero toda la documentación, pero si la situación es como la describes, ya te digo que lo mejor es que te busques un abogado

> Y entonces le digo que le he hecho una pregunta trampa, que en realidad estoy a punto de escribir un artículo y que quiero entender por qué Cristina de Borbón no está imputada. Y entonces mi gestor, señor ultra conservador, votante del PP de toda la vida, me dice :

> - Eso, querida, nadie lo entiende


> La Infanta Cristina recibía de Aizoon cada semana entre 600 y 700 euros por unos servicios que no se han llegado a detallar.

> La hija del Rey cobraba de la inmobiliaria por la presentación de facturas como si fuera un proveedor más.

> La Infanta, según el sumario, ganó en tres años a través de esta empresa no menos de 510.000 euros

> La Infanta tenía que saber que Aizoon no había alquilado ni vendido un piso en su vida

> Aparte, La Infanta Cristina recibía 72.000 euros del Rey y 250 .000 de La Caixa en 2004

> La infanta Cristina es directora del Área Social de la Fundación La Caixa, entidad para la que se supone que trabaja, aunque viva en Guachintón y no acuda a oficina ninguna

> Según afirman la fiscalía, el abogado y su marido, la infanta Cristina sufre cierta disminución psíquica o, quizá es analfabeta..

> Porque una mujer que firmaba cuentas anuales y presentaba cada semana facturas de 600 euros firmadas por ella misma a una sociedad inmobiliaria que en la vida alquiló o vendió un piso, y no se dio cuenta de que era una tapadera fiscal, no está, evidentemente, en pleno uso de sus capacidades. O quizá no sabe leer.

> Si la infanta Cristina es disminuida psíquica o analfabeta - como afirman su marido, el abogado de su marido y la fiscalía anticorrupción - que alguien me explique a santo de qué es Directora del Área Social de la Caiza y por qué cobra 250.000 euros anuales por un trabajo que, está claro, no está en condiciones de realizar

> Según su abogado, y según su propia declaración, el cociente intelectual de Iñaki Urdangarín debe rondar los 70 puntos dado que firmaba papeles que le incriminaban pero él no tenía ni idea de lo que firmaba. Y además, tiene un problema cognitivo muy serio porque no recuerda prácticamente nada de lo que hizo hace dos años.
> Por cierto, Iñaki es sordo, o eso alegó cuando se libró de la mili.
> Si Iñaki Urdangarín es bobo y no tiene siquiera acabada la carrera de empresariales, aparte de tener un serio problema cognitivo, que alguien me explique por qué trabaja en Telefónica con un sueldo de 1, 4 millones de euros anuales y por qué Telefónica le paga su mansión en Guachintón, los colegios de los niños y los viajes a España. O sea, en total, dos millones de euros anuales.
> Si Iñaki Urdangarín es más corto el pelo de Sinéad O?Connor , como según él mismo se presenta, y tiene un serio problema cognitivo de ubicación en el espacio tiempo, no me explico por qué se le pudieron conceder 17 MILLONES DE EUROS del erario público por la cara sin necesidad de que se presentara a Concurso Público alguno.
> Y en fin, si Iñaki Urdangarín ha reconocido el propio Rey le pidió a César Alierta en su momento que alejara a su yerno de España y del escándalo que se avecinaba, nos está diciendo que tanto el Rey como el Presidente de Telefónica son culpables de haber encubierto un delito.
> .
> El argumento de " nos sale más barato tener Familia Real que un presidente de la República" no se sostiene dado que el mantenimiento de la tal Familia nos sale a todos los españoles por un pico:
> Los Presupuestos detallan un gasto de 25 millones, pero mantienen en secreto las partidas que pagan los ministerios de Hacienda, Interior y Defensa. A ello hay que sumar 34 millones para conservación de palacios y jardines.
> (Por cierto: se consumieron en el ejercicio 2010-2011 unos 8,5 millones de kilovatios por hora de electricidad y otros 27 millones de gas, así como 0,2 millones de litros de agua. Se recibieron unas 700.000 llamadas telefónicas y se ingresaron hasta 1,8 millones de euros por la venta de un helicóptero que estaba en leasing. Se gastaron unos 120.000 euros en limpiar candelabros, otros 16.800 en instalar un sistema para proteger las botellas de vino de las bodegas de palacio y otros 550.000 en una sala privada de cine. Para que os hagaís una idea )
> Pero incluso si se sostuviera ese argumento de " La Monarquía nos sale muy barata" ( que no se sostiene por parte alguna).
> . Díganme ustedes si es moral que tengamos que mantener los dispendios de unos señores entre todos solo porque nacieron en un sitio y no en otro.
> - Cuando tenemos un Rey que por lo visto encubre delitos y cuya fortuna de 1.790 millones de euros nos resulta cuanto menos sospechosa dado que siempre nos han contado que la familia española carecía de recursos económicos propios, que durante el exilio sobrevivieron gracias a la ayuda de las familias monárquicas y que tras la coronación de Juan Carlos I, los Borbones se mantenían con fondos del erario público y eran un ejemplo de austeridad en comparación con otras casas reales.
> - Cuando la hija mayor , Elena, cae mal a todo el mundo, es famosa por su mala leche y no nos representa en ninguna parte
> - Cuando su hija menor, Cristina, según nos cuenta su propio marido, el abogado y la Fiscalía Anticorrupción, ronda el cociente intelectual de una niña de dos años, dado que ni siquiera es capaz de leer lo que firma, y se ha casado con un señor que se reconoce a sí mismo también como un débil mental, a quien le engañan con un dos de pipas
> - Cuando su hijo el Príncipe ni cae ni bien ni mal sino todo lo contrario, pero fama de listo no tiene precisamente
> - Y cuando resulta que la única que cae bien de la Familia ( pero que no lleva sangre de la familia) parece que lleva tiempo enferma, pero nadie nos lo quiere confirmar.
> - Y cuando nos han dejado claro que por ser quienes son les colocan en puestos para los que no están ni de lejos capacitados, y les regalan dinero del erario público en cantidades bochornosas sin que tengan que pasar por concurso público ninguno
> (La Infanta Elena cobra 200.000 euros anuales por "en España de integrar laboralmente a personas discapacitadas y niños con problemas de exclusión". ¿No habrá personas con más formación y con salarios más económicos para este empleo? ¿Qué sabrá la infanta de integrar laboralmente a personas discapacitadas que no sean miembros de la realeza? )
> O sea, que les tenemos que mantener porque tienen unas niñas muy monas que quedan muy bien en las fotos. Y no porque nos salgan más baratos que una República, porque resulta que nos salen carísimos. Pues resulta que yo tengo una niña preciosa y fotogénica y mis impuestos al día. Dado lo cual, me postulo para Reina, Princesa o Infanta ya mismo
> Y todavía no he acabado la diatriba, que conste.
> Lista de las facturas personales que constan en el sumario del caso Noos o.


> EN ESTO SE GASTA LA INFANTA LOS IMPUESTOS DE LOS ESPAÑOLES

> .- gastos de los móviles de la familia . 16.000 euros en cinco años ( llamaban a Pekín cada tarde o qué)

> - alquileres de coches- 48.000 euros

> - catering de comida japonesa para una fiesta 5.000 euros

> - acondicionamiento de la bodega del palacete de Pedralbes 30.000 euros, compras de partidas de vino de Baigorri (6.500);

> - más de 6.000 euros por estancias en hoteles de Roma, África y Estados Unidos; - - 2.114 euros de vuelos entre Minneapolis y Baltimore;

> - una vajilla de 1.741 euros y compras personales de la propia Cristina de Borbón

> y no sigo con toda la lista porque el sumario tiene 4.000 folios

> Todo esto, claro, pagado con dinero público, y no precisamente el dinero que España paga al Rey " para el mantenimiento de su casa y su familia".


'El Follonero' analiza las cuentas de la institución religiosa y el escándalo
 de las inmatriculaciones de bienes públicos
“La Iglesia se apropia de un inmueble cada
 tres días”

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