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martes, 7 de febrero de 2012

"Mi padre no tuvo juicio, lo hicieron desaparecer. Que la justicia lo reconozca"


El padre y el tío de Fausto Canales fueron trasladados sin su permiso al Valle de los Caídos

Explica los motivos por los que presentó una denuncia contra los crímenes del franquismo

"Me han quedado cosas por decir", se lamentaba Fausto Canales tras su declaración de esta mañana en el Tribunal Supremo en el juicio contra Baltasar Garzón. "Me hubiera gustado decirle a los magistrados que mi padre no tuvo juicio, ni abogado, ni sentencia. Que lo hicieron desaparecer y sigue desaparecido. Yo tengo casi 80 años y sigo esperando justicia. ¿Cuánto más voy a tener que esperar?".
El padre y el tío de Canales, ambos republicanos, fueron fusilados por un grupo de falangistas, enterrados en una fosa común y en 1959 trasladados sin que ningún miembro de la familia lo autorizara al Valle de los Caídos. Para él es una aberración que su padre yazca junto al verdugo. Desde que se jubiló, se ha dedicado "en cuerpo y alma" a intentar recuperar los restos. Los forenses enviados por el Gobierno de Zapatero dictaminaron que era técnicamente imposible exhumarlos. Fausto no pierde la esperanza.
"El 20 de agosto de 1936 un grupo de falangistas entró en siete domicilios del pueblo, uno el de mi padre. Yo tenía dos años. Los fusilaron de madrugada...", ha relatado Fausto Canales ante los magistrados del Supremo. Los falangistas se habían presentado Pajares de Adaja (Ávila) con una lista de rojos elaborada por vecinos del pueblo. Los matan en una cuneta de una localidad cercana, Aldeaseca, y obligan a un vecino a recoger los cuerpos con su carro y arrojarlos a un pozo. Hasta que 23 años después, otro grupo de hombres, cumpliendo órdenes de la misma autoridad que había decidido darles muerte, desentierra los cadáveres y los traslada al Valle de los Caídos. Cuando, en octubre de 2003, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acude al lugar para exhumar los cuerpos solo encuentra un cráneo, huesos de falanges, piezas dentales y el dedal de una de las mujeres asesinadas aquella madrugada. Lo que se habían dejado los desenterradores en el camino al Valle de los Caídos.
Si no denunció antes los hechos, ha respondido Canales a preguntas del abogado de la acusación, Manos Limpias, fue "porque en plena dictadura, no se daban las condiciones" y si lo hizo después, pese a saber dónde se encuentran los restos, fue "para que se reconociera en sede judicial la desaparición forzada de diez secuestrados". ¿Por qué en la Audiencia Nacional?, ha insistido el abogado.  "Porque entendimos que se trataba de delitos de desaparición forzada, de crímenes contra la humanidad". "Vale la pena que la justicia lo investigue. Que la justicia haga justicia", concluye Canales.
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GALERÍA DE LA MEMORIA /4 JUAN PÉREZ SILVA (76 AÑOS)

“Sé hasta la matrícula del verdugo. Lo que quiero es a mi madre”

Silva estaba citado a declarar mañana en el Supremo pero una enfermedad le impide acudir


  • Nuestros desaparecidos están en la caja 198 del Valle de los Caídos”
  • Las víctimas del franquismo exigen su derecho a saber sin afán de venganza
  • Los republicanos enterrados con Franco no serán exhumados
  • Sevilla desentierra la infamia
    María Silva era pobre y analfabeta. Nunca había salido de su pueblo, Casas Viejas (Cádiz). Pero a los 17 años, el 11 de enero 1933, se convirtió en un mito. Ese día perdió a seis miembros de su familia, tiroteados y abrasados en la choza de su abuelo, Curro Cruz, Seisdedos, tras una revuelta de campesinos anarquistas, y perdió también el nombre, porque, tras sobrevivir a la masacre, todos empezaron a llamarle La Libertaria. El diario Abc, que la visitó cinco días después, en la cárcel, reseñaba: “Tiene 18 años [en realidad le faltaban tres meses para cumplirlos] y es bastante agraciada. (...) Tiene todo su indumento sucio y haraposo. Nos pide que se le compren medias y alpargatas negras”. A los 21 años, con un hijo de 13 meses y embarazada de seis meses, estaba muerta.
    “Los golpistas la mataron a unos 30 o 40 kilómetros del pueblo de Paterna. No se sabe dónde”, relata Juan Pérez Silva, que no puede acordarse de ella, porque a los 13 meses no se tienen todavía recuerdos, pero que no ha dejado de buscarla.
    La barriga de su madre no disuadió a los pistoleros. Ni para matarla, ni para torturarla. “La amarraron a una reja y abusaron de ella”, cuenta su hijo, que ha ido enterándose de estos dolorosísimos detalles a medida que los testigos perdían el miedo a hablar. “Yo me he hecho el tonto toda la vida, pero en un pueblo chico, todo se sabe. Y todo esto pasó en un sitio donde no hubo frente de guerra. Aquí se trataba de sembrar el terror para dominar a la gente”.

    Hijos de los que mataron a mi madre son mis amigos, porque los hijos, que no lo olvide nadie, no pueden escoger a sus padres
    Juan Pérez Silva estaba citado a declarar en el juicio contra Baltasar Garzón mañana, para explicar en el Supremo por qué denunció en 2007 en la Audiencia Nacional la desaparición de su madre. Pero tiene 76 años y una grave enfermedad le impide acudir. “Me hubiera encantado poder decirles a los magistrados del Tribunal Supremo que ya va siendo hora de que se haga justicia. Y que no quiero que me digan quiénes fueron los verdugos, porque me sé hasta su número de matrícula del coche. Aquí todavía viven muchos. Hijos de los que mataron a mi madre son mis amigos, porque los hijos, que no lo olvide nadie, no pueden escoger a sus padres. Yo no quiero venganza. Yo lo que quiero es lo mío: los restos de mi madre. Y que me digan cómo murió. La única cosa que yo he deseado en la vida ha sido darle un entierro digno, con banda de música, y tener un sitio para llevarle flores cuando yo quiera”.
    A su madre la mataron al principio de la Guerra Civil y a su padre, sindicalista de la CNT y director del periódico Cartagena Nova, el último día de la contienda. “Se habían conocido en la cárcel de Cádiz. Mi padre medió para que la liberaran después de la matanza de Casas Viejas porque era menor. Y lo consiguió: la dejaron libre (...) A mi padre lo mataron al final de la guerra. Lo sacaron de la redacción del periódico y lo fusilaron en Cartagena. Está en una fosa común, pero sé dónde. A mí me gustaría volver a juntarles”.
    Juan Pérez Silva se crió con la cuñada de su madre. “En la Guerra Civil y la dictadura mataron a 26 de mi familia”, relata.
    No solo lleva toda la vida batallando para encontrarla, también para que inscribieran su defunción en el Registro Civil. Juan Pérez Silva se gastó unos 2.000 euros para publicaciones de anuncios en periódicos y otros trámites. El juzgado de Chiclana se hizo de rogar, pero finalmente María Pérez Silva fue dada por muerta en junio de 2011, 74 años después de haber sido fusilada.
    Juan Pérez Silva asegura que no entiende lo que le está ocurriendo al juez Baltasar Garzón, que admitió a trámite la denuncia que presentó en 2007. “Pero yo confío en la justicia”, añade enseguida. “Sigo esperando mucho de ella”.
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    • Una salida para los condenados a no morirMiles de represaliados del franquismo están condenados a no morir por las trabas en los registros civiles a inscribir sus defunciones. Entre ellos, algunos tan famosos como María Silva, La Libertaria, hija del anarquista Francisco Cruz Gutiérrez, Seisdedos, asesinado durante la matanza de Casas Viejas (hoy Benalup, Cádiz). El expediente de La Libertaria, quien sobrevivió a los dramáticos sucesos del poblado andaluz que dieron la vuelta al mundo y fue fusilada en 1936, aún duerme en los Juzgados de Chiclana, donde se abrió en 2008. El PSOE ha atendido una petición de las asociaciones memorialistas e introducirá una enmienda en el Proyecto de Ley del Registro Civilpara facilitar la inscripción de los fallecidos durante la Guerra.
      Una docena de asociaciones lo ha estado reclamando desde diciembre del pasado año, aprovechando el trámite de la ley. Los historiadores calculan que entre el 30% y el 50% de los muertos por los fascistas no están inscritos. Al principio se dio la orden de no inscribirlos y luego se aceptó, pero con la exigencia de presentar testigos, algo difícil durante la represión, como ha explicado el historiador Francisco Espinosa.
      La ley actual mantiene que “no basta para la inscripción la fama de la muerte, sino que se requiere certeza que excluya cualquier duda racional”. Esto ha llevado a casos como el de Remedios Valiente quien, como cuenta su hijo Marcelino, "murió sin ser viuda" porque el fallecimiento de su esposo no se registró hasta 2008, después del deceso de la mujer y tras una lucha administrativa que llegó a ser en ocasiones humillante.

      El PSOE pide que en la valoración de las pruebas se tenga en cuenta “el tiempo transcurrido, las circunstancias de peligro y la existencia de indicios de persecución o violencia”
      El grupo socialista en el Senado quiere ahora enmendar esta situación y ha presentado una disposición adicional sobre las inscripción de la defunción de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, según consta en una carta remitida por el Ministerio de Justicia a la CGT de Andalucía, una de las entidades que ha promovido esta iniciativa.
      La enmienda pretende que “el expediente registral, resuelto favorablemente, sea suficiente para practicar la inscripción de la defunción de las personas desaparecidas (…), siempre que, de las pruebas aportadas, pueda inferirse razonablemente su fallecimiento, aunque no sean inmediatas a este”.
      Además, la propuesta socialista incluye que se considere en la valoración de las pruebas “el tiempo transcurrido, las circunstancias de peligro y la existencia de indicios de persecución o violencia”.
      Los socialistas admiten en sus justificaciones los argumentos de las asociaciones memorialistas sobre la complejidad y el alto coste del procedimiento actual, que incluye publicaciones en periódicos y asistencia letrada.
      La enmienda pretende atenuar el rigor de la prueba del fallecimiento, en línea con el Convenio número 10 de la Comisión Internacional del Estado Civil de 14 de septiembre de 1996. De esta forma, se pide “certeza a la vista del conjunto de las pruebas, pero no prueba indubitada y absoluta, como ocurre ahora”.
      Además, la enmienda reconoce que el régimen vigente de inscripción de desaparecidos es discriminatorio según la víctima sea de un bando u otro, ya que la disposición transitoria séptima estableció un procedimiento privilegiado que facilitó la inscripción de los desaparecidos en uno de los bandos, mientras que el ambiente social y político del momento dificultó el cumplimiento de los requisitos, como la presentación de testigos de fusilamientos y asesinatos, para los familiares de otro.
      Cuando Juan Pérez, el hijo de La Libertaria, comenzó el proceso de inscripción de su madre el 19 de marzo de 2008, le animaba un objetivo. "Me gustaría hacerle el entierro que se merece”. “No quiero juzgar, pero no voy a perdonar", añadía resignado. Su caso aún está vivo.
    • Los 8º premios Abogados de Atocha, para Sampedro y la Fiscalía de Guatemala
    • 59 fusilados sin nombre enterrados por los barrenderos del pueblo
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    Los restos de Franco se regalarán cada domingo con el ABC

    Irán numerados y firmados por el Abad del Valle de los Caídos


    http://rokambol.com/los-restos-de-franco-se-regalaran-cada-domingo-con-el-abc/

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