Vicenç Navarro / 27 de abril de 2012
Este artículo señala que la llamada "crisis de la deuda pública" es una situación creada sobre todo por el capital financiero (entre los que destaca la banca y las compañías de seguros, así como las hedge funds) a fin de privatizar la Seguridad Social y el Estado del bienestar. El artículo se centra en la situación de la deuda pública estadounidense, señalando su relevancia al caso español.
No existe plena conciencia en muchos círculos progresistas de que el llamado "problema de la deuda pública" es un fenómeno creado artificialmente para justificar el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Un caso claro, entre otros muchos, es el debate existente en EEUU sobre tal deuda.
En Un intento de reducir el Estado del Bienestar, las fuerzas conservadoras y neoliberales (las derechas) están promoviendo la percepción de que la deuda pública del Estado federal es insostenible, requiriéndose recortes muy sustanciales del gasto público, y muy en particular del gasto público social, incluyendo el de la Seguridad Social y el de los servicios públicos del Estado del Bienestar (con especial énfasis en los programas federales de asistencia sanitaria a los ancianos, 'Medicare', y a las personas en situación de extrema pobreza, 'Medicaid', programa, éste último, que se cofinancia con los Estados para cubrir a las personas llamadas "médicamente indigentes", término que se utiliza para definir a aquellas personas que no pueden pagar sus facturas médicas. En la promoción de tal postura, los medios de difusión de la derecha (como el 'The Wall Street Journal') publican artículos e informes que son citados también por los corresponsales españoles en EEUU sin ninguna crítica, contribuyendo a la difusión de tal percepción. Entre ellos destaca Antonio Caño, el corresponsal de 'El País' en Washington.
El problema con tales reportajes es su nula credibilidad científica. Veamos los datos. La deuda pública federal creció en los últimos diez años (del 2000 al 2010) 9, 2 billones de dólares. Este crecimiento ha sido causado por los siguientes gastos: 1) el 34, 2% de este crecimiento (3, 15 billones) nace del recorte de impuestos aprobado por el presidente Bush, que ha beneficiado primordialmente a las grandes fortunas; 2) el 22, 9% (2, 1 billones) del crecimiento del gasto militar, consecuencia de las guerras de Irak y Afganistán; y 3) el 9, 8% (0, 9 billones) de la ayuda directa (subsidios públicos) a la banca (y que no incluye los préstamos a Wall Street, 9 billones que no se contabilizan al presupuesto del Estado, pues se consideran –erróneamente- como préstamos). En total, la gran mayoría del crecimiento de la deuda pública (el 67%) se debe a medidas de apoyo al complejo militar industrial, a la banca y a las rentas superiores. Sin embargo, ninguna de las medidas encaminadas a reducir la deuda pública está orientada a cambiar estas políticas. En su lugar, se intenta reducir el gasto público social, concretamente la Seguridad Social y los servicios sanitarios, y ello a pesar de que la Seguridad Social (las pensiones principalmente) no ha contribuido en absoluto al crecimiento de la deuda pública. Todo lo contrario, la Seguridad Social (que no se contabiliza en el presupuesto federal) ha estado en superávit en los últimos veinticinco años (alcanzando los 2, 4 trillones de dólares), calculándose que producirá un trillón de dólares más en el superávit de los próximos diez años (en este artículo se utiliza "trillones" y "billones" según la terminología estadounidense). En realidad, las estimaciones más creíbles, por su rigor, son las producidas por los propios expertos de la Seguridad Social que señalan que la Seguridad Social estadounidense no tiene ningún problema de solvencia durante los próximos 50 años. La Seguridad Social no ha contribuido en absoluto al crecimiento de la deuda pública, al contrario. Sus intereses han estado financiando la deuda pública. El argumento de que hay que reducir las pensiones a fin de salvar la deuda pública, que hace 'The Wall Street Journal', y que reproduce Antonio Caño en 'El País', es insostenible y muestra una ignorancia o malicia que pertenece a la esfera de creencias dogmáticas neoliberales impermeables a la luz de los datos.
El estímulo económico, iniciado por el presidente Bush y expandido notablemente por el presidente Obama, representó el 20, 6% del crecimiento de la deuda pública (1.896 millones). Este estímulo consistió en rebajas de impuestos (durante el mandado del presidente Bush), a los cuales el presidente Obama añadió inversiones públicas en creación de empleo, medida más estimulante del crecimiento económico que la reducción de impuestos, y que frenó la Recesión que iba en camino de convertirse en Depresión. El segundo error que hace la derecha estadounidense y que reproduce la derecha española, es considerar el tamaño de la deuda pública (como porcentaje del PIB) como el indicador de su gravedad, es decir, de su impacto negativo en la economía. Este error es fácilmente demostrable, cuando se observa que los intereses de la deuda pública en EEUU son los más bajos de los existentes hoy en el mundo desarrollado. Si los bonos públicos se percibieran como arriesgados e inseguros, como ocurre en España (que tiene una deuda pública mucho más baja que el promedio de la UE-15 y de EEUU), sus intereses serían elevadísimos. Y en cambio son bajísimos y, a pesar de ello, los mercados financieros los valoran muy positivamente (ignorando las valoraciones negativas que hacen de ella las agencias de rating). ¿Cuál es, pues, el problema con la deuda pública en EEUU? En realidad, ninguno. Lo que ocurre es que la derecha (tanto en EEUU como en España) está utilizando todo tipo de argumentos, errores y falsedades para cargarse al Estado del Bienestar.En cuanto a los servicios públicos sanitarios, ellos han contribuido en un porcentaje muy menor (1, 9%) al crecimiento de la deuda pública. En realidad, el capítulo más importante que ha contribuido al crecimiento de tal déficit ha sido el capítulo 'D' de 'Medicare', es decir, el gasto farmacéutico, consecuencia de la medida adoptada por el presidente Bush jr., que prohibió (sí, sí, prohibió) al Gobierno federal marcar el precio de los productos farmacéuticos comprados por tal gobierno, permitiendo que fuera la propia industria farmacéutica la que definiera tales precios. El capítulo de farmacia, que se contabiliza aparte, fue el que representó un porcentaje mayor, 4, 8% (450 millones), resultado del gran poder de la industria farmacéutica, que recogió amplios beneficios, conllevando este incremento. Un 2, 7% (255 millones) del aumento se debió a la bajada de impestos, resultado del crecimiento del desempleo. Un 2, 9% (270 millones) fue resultado del crecimiento del pago de los intereses de la deuda.
Una situación semejante ocurre en España. La deuda pública española es más baja que la del promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante desarrollo económico al español, e incluso más bajo que la deuda pública alemana. Los elevadísimos intereses del Estado español (que incluye tanto el Estado central como el autonómico y municipal) no tienen nada que ver, repito, nada que ver, con el tamaño de la deuda pública. Ni tampoco mucho que ver con la manoseada "confianza de los mercados". Tiene que ver primordialmente con decisiones políticas, entre las cuales una de las más importantes es la negativa del Banco Central Europeo (que no es un banco central, sino un 'lobby' de la banca, y muy en especial de la banca alemana) a comprar deuda pública española, exigiendo al Estado español que desmantele su Estado del Bienestar como condición de que el Banco Central compre tal deuda pública. Es un chantaje vergonzoso que se utiliza por la derecha española (y europea) para conseguir lo que siempre han deseado. El llamado "problema de la deuda pública" es un problema artificial, es decir, creado por voluntad política (de sensibilidad neoliberal) a fin de desmantelar las conquistas sociales de las clases populares. Así de claro.
Al presidente del Gobierno le quedan ya muy pocas promesas que incumplir. Ayer llegó la última, la que más intentó retrasar: una importante subida del IVA.
No será este año, sino en 2013, pero llegará y será notable. El Gobierno la anunció de forma extraña, sin pronunciar la palabra maldita, escondiendo la decisión en medio de otras explicaciones.
Pero la realidad es que Rajoy rematará con el IVA esa especie de enmienda a la totalidad de sí mismo en que se ha convertido su tarea de Gobierno, lastrada por una crisis que, lejos de amainar con su llegada al poder, parece recrudecerse. Cuando lo suba, prácticamente habrá tocado ya todos los impuestos, a pesar de que en campaña electoral insistió en que no subiría ninguno.
El IVA ha sido el asunto troncal de los debates internos del Ejecutivo y del PP. En la primera semana de Gobierno, cuando decidieron la mayor subida de impuestos en muchos años, que ya incumplía todas sus promesas, el sector dirigido por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ganó la batalla. Se subió prácticamente todo menos el IVA. Javier Arenas, muy cercano a Montoro, presionaba entonces para no subirlo, pensando en sus elecciones.
Rajoy no solo prometió muchísimas veces que nunca subiría el IVA.Además hizo campaña contra la subida que hizo el PSOE. La criticó mitin tras mitin, y participó en la recogida de firmas que organizó Esperanza Aguirre con el lema “no más IVA”.
Guindos ha cifrado en 8.000 millones de euros la recaudación extra que se pretende conseguir, una cifra difícilmente alcanzable sin la subida del IVA
Montoro ganó esa vez frente a otros más ortodoxos, como Luis de Guindos, responsable de Economía, que en línea con lo que planteaba Europa y la patronal, defendían una subida de IVA y una bajada de cotizaciones sociales, precisamente lo que se anunció ayer para 2013.
El debate volvió de nuevo con el recrudecimiento de la crisis de deuda, con la prima de riesgo por encima de 400 puntos. Llegaron los Presupuestos nuevos y Montoro ganó otra vez. Nueva subida de impuestos, esta vez sobre todo en sociedades, y una gran amnistía fiscal. Incluso públicamente, Hacienda admitió que se había hecho la amnistía para evitar subir el IVA.
Al final, se subió IRPF, Sociedades, se hizo la amnistía y además llegará en 2013 la subida del IVA. La decisión final, que ayer se interpretaba en el PP como una derrota de Montoro, el que más se ha quemado públicamente contra esta subida, se tomó el jueves en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos presidida por Rajoy. La presión de la deuda y de Bruselas, que no acaba de creerse los plantes del Gobierno para reducir el déficit al 3% en 2013, parecen haber sido definitivos. De hecho, el anuncio se ha hecho ahora porque el Gobierno tenía que mandar a Bruselas el cuadro macroeconómico que prevé hasta 2015, y ahí ha tenido que señalar que ingresará 8.000 millones más en 2013 por impuestos al consumo. Esas subidas se anuncian pues para contentar a Bruselas, ya que en España no se presentarán y se detallarán hasta que lleguen los nuevos Presupuestos, en septiembre. También en esa línea de satisfacer a Europa, Guindos garantizó de nuevo que en 2013 se logrará bajar el déficit al 3% y fue más allá: en 2015 el déficit será del 1, 1% y en 2016, el 0%. Esto es, la política de austeridad dura seguirá.
En el entorno de Montoro señalaban que en realidad el ministro siempre se opuso a subir el IVA en un entorno depresivo porque hundía el consumo, pero no con crecimiento. Y señalan que en 2013 se espera una ligera recuperación. En realidad, el Gobierno es el único que está planteando un ligerísimo crecimiento (0, 2%) en 2013, los demás dan más caídas. El Ejecutivo ya ha revisado a la baja su optimismo y en el nuevo cuadro que manda a Bruselas señala que de nuevo habrá caída del empleo en 2013 y apenas se creará hasta 2015.
Esa fue otra de las noticias del día. Guindos planteó un panorama absolutamente desolador para los próximos años. A pesar de que augura un tímido crecimiento, el Gobierno pronostica que en 2015, esto es, el último año de la legislatura, la media de paro será del 22, 3%, superior incluso a la media anual del último año de Zapatero en el poder. Un reconocimiento implícito de una notable incapacidad de la economía, incluso con la durísima reforma laboral, de reducir el paro en esta legislatura, el asunto central con el que Rajoy se presentó a las elecciones. “Queremos hacer previsiones realistas”, explicó el ministro De Guindos.
De Guindos habló durante 21 minutos antes de dar paso a las preguntas. Pero al anuncio clave le dedicó 7 segundos:El Gobierno está desarrollando cada vez con mayor esfuerzo, aunque casi siempre sin éxito, una nueva técnica de comunicación: esconder las noticias. Casi cada semana, el principal anuncio, el que ocupará casi todas las primeras páginas al día siguiente, se comunica de pasada, con eufemismos, en segundos, tanto que cuesta mucho darse cuenta en directo de lo que se está planteando.
El ministro de Economía también ha adelantado que habrá un plan de privatizaciones para generar ingresos adicionales que permitan rebajar la deuda pública
“Para 2013, lo que estamos planteando es reducir las cargas sobre el trabajo e incrementar la imposición sobre el consumo con un incremente neto de recaudación en torno a los 8.000 millones de euros”. Eso fue todo.
Después, le preguntaron si iba a subir el IVA —el único impuesto al consumo con capacidad de recaudación para llegar hasta 8.000 millones—. Primero evitó la palabra, y se justificó señalando que subir impuestos al consumo y bajar cotizaciones es lo que pide Europa. Después, le preguntaron directamente si tenía algún problema con esa palabra. “He intentado hablar con los términos hacendísticos adecuados, por eso hablo de imposición indirecta sobre el consumo, normalmente es el IVA pero existen otras posibilidades, también los impuestos especiales”, se justificó De Guindos.
En realidad, según fuentes del Ejecutivo, lo más probable es que se suban todos. El Gobierno, sin embargo, no quiso aclarar ayer ni siquiera cómo había hecho esa estimación de 8.000 millones de euros, esto es con qué subida de IVA y especiales le sale esa cuenta. Pese a la insistencia de la prensa, solo ofrecieron la cifra final sin el cálculo en el que está basada.
Aparte del cuadro especialmente pesimista para la economía española que planteó para los próximos años, el ministro ofreció algún apunte esperanzador, especialmente por el sector exterior, y señaló que sus cálculos implican que las reformas emprendidas, incluida la laboral, facilitarán la creación de dos millones de empleos entre 2012 y 2020. También anunció un plan de privatizaciones que se dará a conocer en breve.
A pesar de sus reiterados incumplimientos de su programa, el Gobierno aún tiene algunas líneas rojas a las que se sigue aferrando: el seguro del desempleo, las pensiones o el sueldo de los funcionarios. Pero con la presión de los mercados y de Bruselas, en este momento nadie en el Ejecutivo está dispuesto a hacer apuestas.
Mientras, desde el PSOE, la secretaria de Economía, Inmaculada Rodríguez-Piñero, aseguró que el Gobierno demuestra constantemente su improvisación y en el caso del IVA “ha perdido definitivamente el norte, y está perdido”, porque apuesta ahora por una medida que siempre consideró un desastre.
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