JUICIO A GARZÓN POR INVESTIGAR LA TRAMA GÜRTEL Y EL FRANQUISMO
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Las víctimas del franquismo exigen su derecho a saber sin afán de venganza
“No tengo afán de venganza, pero quiero saber la verdad”. Cuatro testigos de otras tantas asociaciones de la Memoria Histórica que declararon ayer en el juicio que sigue el Tribunal Supremo contra el juezBaltasar Garzón lamentaron que todo el mundo “haya mirado para otro lado” en los últimos 75 años, en palabras de Olga Alcega, la primera en declarar. El juicio al magistrado que intentó investigar sus denuncias se ha convertido en la principal tribuna de sus reivindicaciones.
Alcega, de la asociación de familiares de fusilados de Navarra, dijo que en su comunidad quedan 3.452 desaparecidos a día de doy. “En Navarra todos los desaparecidos desde el 18 de julio siguen desaparecidos. Yo soy nieta de Antonio Alcega, un cartero que estaba cuidando sus vacas y se lo llevó la Guardia Civil hace 74 años y unos meses. Le trasladaron a Magallón y le dieron el tiro en la cabeza”.
“En la fosa común donde lo enterraron había 79 hombres y dos mujeres de 17 municipios diferentes. Los asesinaron descaradamente. A mi abuela nunca le dieron ninguna ayuda. Les quitaron todo”, siguió la testigo.
Alcega aseguró que ha habido “75 años de olvido”, en los que “todo el mundo ha mirado para otro lado, las Administraciones, la justicia y la sociedad”. “En según qué zonas de España, aún se tiene mucho miedo”, prosiguió. “[Los asesinados] Están tirados en campos y cunetas como perros, los restos deben estar en los cementerios”. Presentó su denuncia para “saber la verdad” y que su abuelo “quede limpio”.
Rafael Espino Navarro, de la asociación para la Recuperación de Aguilar de la Frontera (Córdoba), tiene entre sus familiares a siete desaparecidos, incluido su bisabuelo, exalcalde socialista. El objetivo de su denuncia era conocer el paradero de los 108 desaparecidos en el pueblo desde el 18 de julio de 1936 hasta finales de septiembre de ese año. Consiguieron el testimonio de una persona que hoy tiene 98 años y que presenció los asesinatos, y así confirmaron la existencia de fosas. En mayo de 2010 realizaron una primera exhumación de 55 cuerpos, siete de ellos de mujeres. Los restos presentaban “tiros en la nuca, estaban maniatados con alambres e incluso calcinados. Si la Justicia no interviene, no podremos saber cuántas personas quedan en esas fosas”, concluyó.
Manuel Perona Medina, preside la asociación de Cataluña, que fue de las primeras en denunciar las desapariciones, en diciembre de 2006. Lo hicieron por encargo del nieto de uno de los ocho desaparecidos de Manresa (Barcelona). “Fueron sacados de una prisión por la Guardia Civil o por paramilitares, y en el viaje a Barcelona desaparecieron. No han podido ser localizados”. Su asociación tiene un censo de 1.900 desaparecidos en Cataluña.
Pedro Fausto Canales Bermejo, de la asociación de Valladolid, es hijo de uno de los 10 desaparecidos que se llevó de Pajares de Adaja (Ávila) un grupo de falangistas. Ni durante la dictadura ni en la Transición se dieron condiciones para localizar restos de fosas, por lo que solo después de jubilarse pudo dedicarse plenamente a la búsqueda de su padre.
Según relató Canales, él tenía dos años y dormía en una cuna la noche que se llevaron a su padre. Les fusilaron en el término de Aldeaseca, a unos 20 kilómetros.
“El 23 de marzo de 1959, una semana antes de inaugurarse el monumento del Valle de los Caídos, en una exhumación de restos sin nuestro conocimiento, los llevaron a ese sitio. Sus restos estarían en la caja 198 en el Valle de los Caídos. Hemos intentado recuperarlos, pero no ha sido posible”.
La prueba testifical concluirá hoy con la declaración de otros tres testigos de Garzón, y, tras la documental, quizá pueda dar tiempo a la presentación de los informes finales.
Asociaciones de memoria histórica de Aragón y Mallorca declaran en favor de Garzón
Dos mujeres narran ante los 7 magistrados cómo los falangistas asesinaron a sus familiares, cuyos cuerpos no han recuperado
Madrid (EUROPA PRESS).- Representantes de las asociaciones de Memoria Histórica de Aragón y Mallorca han testificado este jueves en la cuarta sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Supremocontra Baltasar Garzón por investigar el franquismocareciendo de competencia para ello. Ambas, nietas de represaliados, han defendido la investigación penal del juez sobre los hechos por ser la "única opción" para obtener "justicia y reparación" y por estar dirigida a la aclaración de crímenes de lesa humanidad, que no prescriben.
La primera en declarar fue Josefina Musulén, representante de la Asociación de Memoria Histórica de Aragón, que fue una de las primeras asociaciones que presentaron denuncia ante la Audiencia Nacional en diciembre de 2006.
Ha explicado que esta es la primera denuncia que presentaron por los hechos, y que si no lo hicieron antes es porque las asociaciones de memoria histórica no nacieron hasta entrados los años 2000, ya que fue la generación de "los nietos" la que comenzó a moverse para obtener "justicia y reparación" para sus abuelos y sus padres. "Presentamos una denuncia penal porque era la única opción para que los hechos se investigaran", ha explicado ante los siete magistrados que conforman la Sala.
Sobre su caso personal, Musulén ha recordado que el 13 de agosto de 1936 un falangista se llevó de su casa en un pueblo de Aragón a su abuelo, que era de la CNT, y a su abuela, que se encontraba en avanzado estado de gestación. Más tarde, su tío fue a preguntar por su hermana al cuartel, ya que se decía que a las embarazadas no las fusilaban, pero le dijeron que "en el tiro de gracia le habían reventado la tripa".
Mas tarde, una vez muerto Franco, la familia de Musulén se enteró por otras personas que vivieron los hechos que su abuela había dado a luz una niña sana. "Mi padre se enteró de que había tenido una hermana y llevamos 33 años buscándola -ha afirmado ante el tribunal-. No hay piedra en Zaragoza que haya podido ser levantada para encontrar un dato que no hayamos levantado".
La segunda testigo que compareció hoy en la vista, que apenas llegó a la media hora de duración en total, fue la representante de la Asociación Memoria de Mallorca María Antonia Oliver, quien también firmó una de las denuncias que llegaron en diciembre de 2006 a la Audiencia Nacional junto con otra miembro de la asociación que es profesora de Derecho en la Universidad de la Isla.
Represión contra civiles
En su denuncia, acompañada de un informe histórico sobre la represión sobre civiles en la isla tras el golpe de Estado de 1936, esta asociación aportó una relación de victimas, que según sus investigaciones llegaron a los 1.600 ejecutados. Oliver ha defendido que en Mallorca "no hubo conflicto armado" porque el control de los sublevados fue absoluto desde el primer momento", y ha estimado en 50 las fosas localizadas en la isla. "Soy nieta de una persona desaparecida.", ha afirmado Oliver, para iniciar el relato de la desaparición de su abuelo y el hermano de éste tras permanecer seis meses en prisión.
En la primavera de 1937 informaron a las familias de que habían sido puestos en libertad, pero todos sabían que fueron víctimas de una "saca". "Mi abuela murió y cerro sus heridas con la muerte, quiero que mi madre, que tiene 87 años, las cierre antes de morir con la verdad y la reparación", ha afirmado esta testigo, tras señalar que cuando sus familiares iban a preguntar por el paradero de su abuelo las autoridades les decía que "los rojos son unos cobardes " y seguramente habrían huido de la isla o "abandonado por otra mujer".
La asociación de Memoria de Mallorca se constituyó en 2006, y según Oliver fue a partir de entonces cuando comenzaron a trabajar con juristas e historiadores "y a pensar que teníamos el deber de denunciar". Ha explicado que presentaron la denuncia en la Audiencia nacional "porque nos llenó de esperanza que ya se estaban investigando crímenes similares contra la humanidad, los de Argentina y Chile".
El juicio contra Garzón, que se enfrenta a una pena de inhabilitación de 20 años por un delito de prevaricación que solicita para él la acusación popular, que ejerce el sindicato de funcionarios Manos Limpias, proseguirá el próximo lunes con la comparecencia de más representantes de asociaciones de memoria.
«No tengo afán de venganza, pero quiero saber por qué perdí a mi abuelo»
Los últimos testimonios de víctimas del franquismo abundan en la falta de iniciativas legales para investigar las desapariciones y exhumar fosas para que encontrasen los restos de sus parientes
Víctimas del franquismo se manifiestan, fotos y pancartas en mano, a las puertas del Supremo mientras dentro daban su testimonio varios afectados
La nieta de un asesinado en la Guerra Civil ha explicado este lunes ante el Tribunal Supremo que decidió acudir a la Audiencia Nacional en busca de la justicia que no encontraba en los juzgados territoriales. "No tengo afán de venganza, tengo derecho a saber quién y por qué", ha afirmadoOlga Alcega, cuyo abuelo fue asesinado en septiembre de 1936.
La testigo, de la Asociación Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra, hizo esta afirmación en su comparecencia como testigo en el juicio que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal está celebrando contraBaltasar Garzónpor un delito de prevaricación que habría presuntamente cometido con la investigación que llevó a cabo sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Alcega ha denunciado la falta de voluntad de las administraciones a la hora de ayudar en las tareas de búsqueda de las fosas comunes de la Guerra Civil. Explicó en este sentido que en Navarra, donde se calcula que hay 3.452 desaparecidos, ningún juzgado ha querido nunca abrir una causa para iniciar la búsqueda de los represaliados.
Tras estas vicisitudes, en el año 2008, en la asociación tuvieron conocimiento de que otras agrupaciones de memoria histórica habían presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional, y decidieron sumarse a ella. "Queremos justicia, ha habido 75 años de olvido, la sociedad y la Administración han mirado para otro lado, a la justicia nunca le ha interesado", dijo la testigo.
La testigo, de la Asociación Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra, hizo esta afirmación en su comparecencia como testigo en el juicio que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal está celebrando contraBaltasar Garzónpor un delito de prevaricación que habría presuntamente cometido con la investigación que llevó a cabo sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Alcega ha denunciado la falta de voluntad de las administraciones a la hora de ayudar en las tareas de búsqueda de las fosas comunes de la Guerra Civil. Explicó en este sentido que en Navarra, donde se calcula que hay 3.452 desaparecidos, ningún juzgado ha querido nunca abrir una causa para iniciar la búsqueda de los represaliados.
Apertura de la fosa común
Alcega ha detallado que su abuelo, cartero de profesión, fue secuestrado por la Guardia Civil el 2 de septiembre de 1936. Tras torturarle, le llevaron al cementerio de Magallón, en la provincia de Zaragoza, donde le descerrajaron un tiro en la cabeza. La testigo ha dicho que, durante 75 años, "ni su abuela ha sido viuda ni su padre ha sido huérfano", ya que técnicamente su abuelo seguía desaparecido. Finalmente, el 16 de marzo de 2011 el cuerpo de su abuelo fue identificado en una fosa común de Magallón junto con otros 80 represaliados.
Testigo de asesinatos
El segundo testigo que ha comparecido ante el Tribunal, Rafael Espino, de la Asociación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Córdoba), ha detallado que acudieron a la Audiencia Nacional solicitando el auxilio de la justicia para encontrar a las 111 personas desaparecidas en su localidad. Su asociación decidió en septiembre de 2008 presentar una denuncia en la Audiencia porque consiguieron el testimonio de una persona de 97 años que presenció cómo se produjeron los asesinatos , por lo que pudieron localizar una de las fosas comunes.
Espino, que tiene siete familiares desaparecidos, entre ellos un abuelo y un bisabuelo que fue alcalde socialista de Aguilar de la Frontera durante la República, señaló que el juzgado de la localidad nunca les ha prestado ayuda y ni siquiera ha permitido que se registrase la muerte de una persona desaparecida en la Guerra Civil .
Desapariciones «forzadas»
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña, Manuel Perona, ha asegurado también que, antes de acudir a la Audiencia Nacional, ningún juzgado les prestó auxilio judicial para encontrar a los cerca de 1.900 desaparecidos que se calcula que hubo en esta comunidad autónoma. La denuncia que presentó la asociación se refería entre otros a ocho desaparecidos en Manresa (Barcelona), uno de los cuales era su abuelo. Las investigaciones llevadas a cabo por la asociación les permitieron determinar que los ocho desaparecidos fueron sacados por la Guardia Civil de la cárcel de Manresa y en el viaje hacia Barcelona desaparecieron. "Consideramos que es una desaparición forzada sin dar razón del paradero, lo que no puede prescribir", afirmó.
Restos de siete personas en la caja 198
El último testigo, Pedro Fausto Canales, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, presentó una denuncia en la Audiencia Nacional por la desaparición de diez personas de la localidad de Pajares de Adaja (Ávila). "Queríamos que se reconociera en sede judicial la desaparición forzada de las diez personas que fueron secuestradas en el verano de 1936 y de los que todavía no se ha podido recuperar sus cuerpos", señaló. Explicó que, en la noche del 20 de agosto de 1936, un grupo de falangistas recaló en el pueblo y, con la ayuda de personas afines, entraron en siete domicilios. Una de estas viviendas era la de su padre, que fue sacado de la cama cuando él tan sólo tenía dos años. Su padre, junto con el resto de secuestrados, fue fusilado en los aledaños de la localidad de Aldeaseca.
Canales señaló además que, el 23 de marzo de 1959, se hizo una exhumación sin consentimiento de los familiares en la fosa común en la que se encontraba su padre y se llevaron los restos al Valle de los Caídos, un monumento que fue inaugurado unas semanas más tarde.
"Se supone que hay restos de siete personas en la caja 198, hemos intentado recuperar los restos por la vía administrativa pero ha sido imposible", dijo el testigo antes de explicar que si en sede judicial se dictamina la verdad, se investiga y se hace justicia, nosotros nos sentiremos reparados .
Últimos testigos
Las comparecencia en el juicio contra Garzón finalizará este martes con la declaración de otros tres testigos. Tras estas diligencias, se dará paso a la prueba documental y, posteriormente, a los informes de las partes y al turno de último palabra del acusado, por lo que el caso podría quedar visto para sentencia este mismo martes. La acusación ejercida por Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad pide al Supremo que condene a Garzón a 20 años de inhabilitación y le imponga una multa de 21.600 euros, al atribuirle un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía, al igual que en el resto de causas abiertas en el Supremo contra Garzón, no ejerce la acusación al considerar que el juez suspendido no cometió delito alguno.
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El País. La Transición en viñetasen la BNE. Aurora Intxausti Madrid 27 MAY 2013 |
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El juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo continúa esta semana contres jornadas más dedicadas a escuchar a los familiares de desaparecidos y representantes de asociaciones de Memoria Histórica, que han sido citados por la defensa para demostrar que el juez no prevaricó.
Tras la declaración de los testigos, que tendrá lugar entre el lunes y el miércoles, está previsto que comience la prueba documental y la vista seguirá el jueves con los informes de laacusación popular de Manos Limpias, que pide 20 años de inhabilitación, y los del fiscal y la defensa, que solicitan laabsolución para Garzón.
Será después cuando el juez, acusado de prevaricación, tendrá oportunidad de dirigirse a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para reclamar su inocencia durante su turno de última palabra.
Manos Limpias pide 20 años de inhabilitación para GarzónLa primera testigo que comparecerá el lunes es Olga Alcega, presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra (AFFNA), que denunció ante Garzón la desaparición de más de 3.000 personas en la Comunidad Foral.
La propia Alcega es nieta de uno de los 81 fusilados el 2 de septiembre de 1936 en Magallón (Aragón).
Tras ella declarará Rafael Espino, presidente de Aremehisa,Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, Francisco Galadí, de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, y Pedro Fausto Canales Bermejo, presidente de la asociación deMemoria Histórica de Valladolid.
Esta última asociación presentó una denuncia en 2007 ante la Audiencia Nacional pidiendo que se reconociera la condición de desaparecidos a diez personas asesinadas en 1936 en la localidad de Pajares de Adaja (Ávila) y que se comprobara que sus restos se encontraban en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
El martes declarará, entre otros, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, cuyo abuelo fue asesinado por las tropas falangistas el 16 de octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León), junto con otros trece hombres, y fue también la primera víctima desaparecida en la Guerra Civil identificada mediante el análisis del ADN.
Entre los testimonios que podrá escuchar el Supremo esta semana están también los de los representantes legales de las asociaciones que en abril de 2010 solicitaron personarse en esta causa en su condición de perjudicados por los hechos que investigó Garzón, petición que fue denegada por el instructor del caso, Luciano Varela.
El abogado de estas asociaciones testificará el miércoles y ese mismo día declarará tambiénJoan Garcés, letrado que ejerció la acusación en la causa abierta por Garzón contra el dictador chileno, Augusto Pinochet, y que es también letrado de la nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín.
Ambos letrados han defendido en numerosas ocasiones la competencia del juez para investigar lo que califican de crímenes de lesa humanidad y el derecho de las víctimas del franquismo a ser oídas por los tribunales.
**** Actualización : 10/02/2013 :
- Garzón considera que debe ser un juez quien investigue la supuesta contabilidad B del PP ( no se ve el vídeo ? )
El juez Baltasar Garzón, inhabilitado por ordenar escuchas en el marco del caso Gürtel, ha señalado que lo que quería evitar con esas escuchas era precisamente lo que "ahora está apareciendo: la continuidad delictiva y ese presunto blanqueo de dinero".
Garzón ha asegurado, en una entrevista en La Ser, que "no se vulneró el derecho de defensa" y que se sigue ratificando "en la bondad" de esa medida.
Este sábado se cumple un año desde que el Tribunal Supremo condenó a Garzón a 11 años de inhabilitación por prevaricación tras ordenar la grabación en la cárcel de las conversaciones entre los presuntos cabecillas del caso Gürtel y sus abogados.
En relación a los supuestos sobresueldos en B en el PP, el juez ha dicho que valora la valentía del exdiputado 'popular' Jorge Trías por hacer público el supuesto pago de sobresueldos en ese partido porque "ha puesto mucho en juego". Ha admitido, además, tener "un afecto especial" a Trías.
"Se dice que yo estoy detrás" de la publicación de los llamados "papeles de Bárcenas", ha reconocido, para manifestar: "ojalá hubiera podido yo denunciar esos hechos en su momento".
Pide que el juez asuma ya la investigación de los "papeles de Bárcenas"
Garzón ha pedido que la investigación de los conocidos como "papeles de Bárcenas" pase de la Fiscalía Anticorrupción al juez correspondiente de la Audiencia Nacional, porque éste tendría la posibilidad de ordenar una entrada, un registro o una intervención, así como medidas que afectan a sus derechos fundamentales.
"Tiene que ser el juez el que investigue, con todo mi respeto para la fiscalía anticorrupción", ha aseverado. "Con toda la buena voluntad que tenga la Fiscalía Anticorrupción hay medidas que no puede tomar", ha dicho.
Garzón cree además que la ministra de Sanidad, Ana Mato, debería dimitir a la vista de los nuevos datos aparecidos en esta causa.
http://www.rtve.es/noticias/20130208/garzon-escuchas-gurtel-quise-evitar-ahora-esta-apareciendo/607232.shtmlGarzón cree además que la ministra de Sanidad, Ana Mato, debería dimitir a la vista de los nuevos datos aparecidos en esta causa.
http://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/todo-culpa-barcenas-salvo-alguna-cosa_2013020800317.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/07/andalucia/1360267879_396615.html
23-03-2013
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Proscritos, prescritos
El sistema ha dado un mensaje definitivo de error, y es el momento de reiniciarlo si no queremos que sea el populismo antipolítico y antidemocrático el que recoja la indignación popular
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/07/andalucia/1360267879_396615.html
23-03-2013
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PREFERENTES, AFECTADOS RODEAN EL CONGRESO DEL PP Fuente :http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/22/galicia/1363982248_269645.html La fiscalía destapa la financiación ilegal del PP con la trama GürtelAnticorrupción halla cuatro nuevos indicios que vinculan la contabilidad oficial del partido con la ‘caja B’ de la trama liderada por Francisco Correa
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/22/actualidad/1363959359_655217.html
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http://elpais.com/cultura/2013/05/27/actualidad/1369648611_708575.htmlhttp://cultura.elpais.com/cultura/2013/05/27/album/1369645921_579422.html?rel=rosEP#1369645921_579422_1369646359 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALICANTE: UNA CIUDAD BOMBARDEADAhttp://www.alicantevivo.org/2009/07/alicante-una-ciudad-bombardeada.htmlEl 'caso Gürtel', cinco años y 700.000 folios despuésEl semanario 'Interviú' publica esta semana un suplemento con material gráfico que pone de relieve los métodos escasamente ortodoxos utilizados por la trama para involucrar a políticos y empresariosLa UDEF desvela nuevos regalos de Correa y los suyos a dirigentes del PP
Los capos de la trama Gürtelutilizaron el oficio más antiguo del mundo para "estrechar" lazos con los políticos. "Si te llevas de putas a un alcalde, o a un concejal, o a un periodista, ya le has enviciado, le tienes cogido", cuenta uno de los investigadores de la trama.Francisco Correa y Álvaro Pérez,El Bigotes, llamaban "las chicas de la ofi" a las mujeres del Club Pigmalión, del que eran clientes asiduos.
El sexo fue un ingrediente esencial en la estrategia que pergeñaron Correa y el El Bigotes para conseguir favores de políticos: "Hay que buscar chicas españolas, con algún tipo de titulación y, sobre todo, que follen como ángeles", pide Álvaro Pérez a sus socios antes de una reunión importante en Barcelona. Estas, y otras perlas que aparecen en la investigación judicial de la trama, las publica en su último número la revista Interviú, que acompaña la información con elocuentes imágenes de las fiestas que organizaban los jefes de la red de corrupción.
"No pudimos pinchar el teléfono de Bárcenas"
Un agente de la investigación asegura que cuando informan al Gobierno sobre las novedades del caso éste pregunta: "Pero ¿cuándo termináis?"
La publicación del Grupo Zeta, en un suplemento que resume los cinco años de investigación policial y judicial del caso, relata asimismo las dificultades con las que se han encontrado los policías que han seguido el rastro de las operaciones ilegales de la trama."No pudimos pinchar el teléfono de Bárcenas ni registrar su casa. Imagina lo que se habría escuchado ahí", comenta al semanario uno de los agentes que más tiempo ha dedicado a investigar el caso.
La misma fuente define muy gráficamente las diferencias de trato del anterior gobierno socialista y el actual. "Antes, con el otro gobierno, llamábamos para comunicar novedades. Que habíamos encontrado, por ejemplo, dinero en Suiza. Nos felicitaban y nos animaban. Eso sí, al día siguiente, no sabíamos cómo, salía en la prensa. Ahora, cuando llamamos y decimos que hemos encontrado dinero, nos preguntan: pero ¿cuándo termináis?".
Las presiones políticas han sido constantes en la investigación de la Gürtel. Incluso el juez Pablo Ruz se ha quejado en varias ocasiones a los distintos organismos que han escudriñado en las actividades de Correa, Bárcenas y compañía -Policía y Agencia Tributaria, principalmente- por la lentitud a la hora de realizar determinadas diligencias. De hecho, la Policía ha tardado más de un año en determinar que hay indicios suficientes para identificar a Francisco Álvarez-Cascos como uno de los beneficiarios de la trama, a pesar de que en distintos documentos incautados a los cabecillas aparecen múltiples referencias a PAC, Paco Alv-Casco, Paco A. Cascos o Paco A.C.En uno de los reportajes que incluye Interviú en el suplemento sobre la Gürtel, los investigadores estiman en 140 millones de euros el dinero recaudado irregularmente por la trama durante los años de mayor actividad, cantidad similar a las fianzas reclamadas para hacer frente al presunto desfalco de las arcas públicas. La Gürtel atendía a cualquier necesidad: hoteles de lujo para dirigentes políticos, organización de actos electorales, compra de coches oficiales para el PP valenciano, pago de la factura de un detective privado que investigaba un escándalo sexual en el que se había visto envuelto un diputado autonómico, etcétera, etcétera.
Incluso al terrorismo le sacaron tajada. Cuando el PP movilizó en 2007 a todos sus militantes contra la política antiterrorista de Rodríguez Zapatero, la Gürtel organizó el acto central de la madrileña Puerta de Alcalá cobrando un sobreprecio del cien por cien sobre el coste real del evento: 42.724,64 euros fue el coste real; 92.964,84 euros lo facturado.
La UDEF asegura que la trama le pagó noches en hoteles de lujo a Camps, puros y vinos a los tesoreros del PP y viajes a diputados y cargos de la Comunidad de Madrid
Puros, vinos, hoteles de lujo...
El último reportaje de la revista es un álbum gráfico de las propiedades de Francisco Correa (de las que se conocen): Marbella, Ibiza, Sotogrande (Cádiz), Majadahonda y La Finca (Madrid), cuatro yates, cuatro amarres... Un tren de vida del que se beneficiaron políticos, empresarios y periodistas.
Así se desprende también del último informe conocido de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitido al juez instructor, en el que se detallan los regalos que la trama hizo a algunos destacados dirigentes. Por ejemplo, al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, la policía asegura que Correa le abonó los 1.000 euros que costó cuatro noches en un lujoso hotel de Madrid en diciembre de 2003; al extesorero del PP, Luis Bárcenas, le regalaron puros habanos y a su antecesor en ese cargo, Álvaro Lapuerta, vinos de 500 euros; como en el caso de la ministra de Sanidad Ana Mato, al diputado del PP Juan José Matarí también le pagó la factura de casi 5.000 euros por un viaje a EuroDisney una de las empresas del supuesto cabecilla de la Gürtel. Y a varios cargos vinculados al Gobierno autonómico y municipal de Madrid en los años 2001 y 2002 se les pagó lujosos viajes a Kenia, Cancún y Nueva York
En definitiva, una historia de impunidad y excesos de la que aún queda mucho por contar.
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Se acaban de cumplir cinco años de las primeras detenciones del caso Gürtel, ordenadas por el juez Baltasar Garzón. Las posteriores escuchas del caso le costaron al juez la expulsión de la carrera judicial.
Garzón cree que el proceso no habría variado en nada si las escuchas se hubiesen admitido como prueba. "No valieron para nada, no se utilizaron para nada. Todo es una gran parafernalia que se han montado los propios afectados". Asegura que "el objetivo de las escuchas era evitar que la trama Gürtel siguiera funcionando", y defiende que fueron "perfectamente legales".
Con respecto a la labor del juez Ruz, Garzón defiende el trabajo que está realizando el juez. "Me parece un juez serio, que se está esforzando, pero el procedimiento no va todo lo rápido que debería haber ido". Sostiene que cualquier medida que se debe tomar cuando se trata de crimen organizado debe ser inmediata. "El PP no ha tenido ninguna voluntad de colaborar con la justicia".
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