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lunes, 18 de junio de 2012

La banca no somos todos




Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Existe una percepción bastante generalizada en España que considera que “el banco somos todos”. El dinero de la banca es el dinero de todos. Tal dinero son los depósitos de la mayoría de la ciudadanía que tiene sus ahorros depositados en la banca. En otras palabras, se asume que el dinero que existe y/o se utiliza por el banco es el depositado por cada uno de los ciudadanos, resultado de su ahorro, de sus nóminas o de sus pensiones, sean éstas públicas o privadas. Ésta percepción es promovida por los propios bancos que quieren transmitir el mensaje de que ellos desempeñan una función social, la de guardar el dinero de la ciudadanía, pagándoles unos intereses como incentivo, a la vez que ofrecen crédito a las personas y a las empresas que lo necesiten. La existencia de tal crédito es la función social que justifica su existencia. De esta percepción se deriva el mensaje que la banca y el Banco de España transmiten a los medios y que está calando en la población: intervenir y penalizar a la banca es penalizarnos a todos nosotros.
Esta percepción, sin embargo, es profundamente errónea. En realidad, la mayoría de ciudadanos no tiene mucho dinero en la banca, ni directa ni indirectamente (como en pensiones). Sería muy interesante poder corroborar los hechos con los datos pero, no podemos hacerlo en España, donde la opacidad estadística, tanto en temas de distribución de la renta como de la propiedad, hacen difícil conseguirlos. Además, los existentes no son creíbles. Fíjese el lector que, según los últimos datos de la OCDE (que extrae sus datos de las cifras oficiales del Estado español), el nivel de renta de la decila superior de España es de 32.000 euros. Cualquier persona que va por las partes alta de las grandes ciudades puede ver que los súper ricos tienen muchos más ingresos que los que constan en sus declaraciones de renta. (Tal opacidad es incluso más acentuada en el sistema financiero, como bien ha mostrado el colapso de Bankia).
Estados Unidos, sin embargo, sí que tiene datos más fiables. Y es más que probable que la distribución de la renta y de la propiedad en España sea bastante semejante a la de EEUU (España, junto con EEUU, es uno de los países más desiguales de la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo). Pues bien, la gran mayoría de estadounidenses tienen muy poca propiedad financiera. Ésta está muy concentrada. La decila superior de la población estadounidense posee el 90% de todos los bienes financieros, siendo los más comunes sus acciones bancarias y sus pensiones. En realidad los súper ricos, el 1% de la población, posee el 38% de estos bienes financieros. La mayoría de la población sólo posee su casa, aunque poseer, poseer, es un decir. El banco es el que la posee, y el que vive en ella le paga al banco la hipoteca.


Cuando estamos hablando de los bancos, por lo tanto, estamos hablando predominantemente del dinero de una minoría: de los ricos y de los súper ricos. De ahí que sería razonable decir que cuando hablamos de los bancos no estamos hablando del conjunto de la población sino de los sectores más adinerados y de los gestores de su dinero (los banqueros). De ahí que también sería aconsejable que –tal como propone el que fue Secretary of Labor (Ministro de Trabajo) durante la Administración Clinton, y hoy Profesor de Políticas Públicas de la Universidad de California, el Sr. Robert Reich, se gravara a los banqueros, a los accionistas, y a los que tienen la mayoría de depósitos, haciéndoles pagar un 2% en sus bienes financieros, justificándose tal medida por los enormes beneficios que la banca ha alcanzado durante todos estos años de bonanza, beneficios conseguidos predominantemente de la especulación, incluida la especulación bancaria. Ello conseguiría en EEUU 70.000 millones de dólares más para el Estado (haciéndoles pagar tal 2% a los que tuvieran más de 7.2 millones de bienes financieros).

No estaría de más que se implementara esta política aquí en España, donde la concentración de la propiedad es igualmente acentuada. Hoy, las ayudas públicas al sector bancario español han alcanzado el nivel del 10% del PIB sin que con ello se haya resuelto el problema del crédito. Si a ello se añaden los 100.000 millones del rescate bancario, resulta que tal cifra ha doblado este porcentaje, alcanzando más del 20% del PIB, sin que ello haya facilitado o facilite en el futuro la provisión del crédito. Por cierto, es difícil de entender que estos 100.000 millones de euros que se gastarán supuestamente en la reestructuración del sistema financiero (a unos intereses que pueden significarle a la banca, según el Comisario de la Unión Europea, el Sr. Joaquín Almunia, casi un 8%) consigan lo que no han conseguido los casi 500.000 millones de euros que los bancos españoles e italianos han recibido desde el pasado diciembre del BCE a unos intereses de sólo un 1%. Tal rescate no resolverá el problema de la banca española, pues no se está tocando el problema clave que provocó la crisis: la burbuja inmobiliaria.
Todavía hoy hay más de tres millones de pisos vacíos (3.417.064 viviendas, según el Ministerio de Fomento). Durante el boom inmobiliario se construyeron 800.000 viviendas al año, más que Alemania, Gran Bretaña y Francia juntas. Los precios subieron un 155% durante una década, crecimiento artificial, que no se correspondía con el crecimiento del nivel de vida del país, y que se consiguió gracias a las prácticas especulativas de la banca. Cuando la burbuja explotó (debido al parón de transferencias del dinero de la banca alemana, contaminado por los “productos tóxicos” de la banca estadounidense), la banca española quedó estancada con sus propios productos tóxicos, las hipotecas, que no se podían pagar y continúan sin poder pagarse. Tales activos representan 150.000 millones de euros (equivalente al 15% del PIB). Y ahí está el problema, que requiere para su solución una intervención pública que el Estado español es reacio a tomar debido al enorme poder de la banca. Debería haberse resuelto a base de llenar estas casas vacías con familias que pagaran alquileres o hipotecas asumibles, penalizando a los bancos que se resistieran a tales medidas (en Dinamarca se multa a la vivienda que esta vacía durante más de seis semanas). Y muchos bancos deberían haber sido nacionalizados, con anulación de la deuda privada en gran número de casos. En lugar de ello, el Estado español ha escogido ayudar a los bancos a costa de los intereses de la población. Y de esto es de lo que no se habla. Las raíces de la crisis financiera -el excesivo poder de los ricos y de los súper ricos en España y de sus bancos- no se está ni siquiera tocando. Y así estamos.




El hombre en coma que lo perdió todo con la estafa de Madoff

Muchos han sido los afectados por los productos tóxicos de la banca, pero el caso de Juan Pedro no es uno más. En 14 de enero de 2000 un accidente de tráfico le dejó en coma vegetativo. El conductor que invadió el carril por el que circulaba se dio a la fuga. Después de cuatro años de lucha la familia consiguió una indemnización de 360.000 euros. Sus padres depositaron en el Banco Santander el dinero que garantizaría que Juan estuviera correctamente atendido el resto de su vida. Los responsables de la sucursal les ofrecieron productos tóxicos y de alto riesgo como participaciones preferentes en Endesa o un préstamo con el que invirtieron en la estafa de Madoff. En 2008 la familia descubrió que del dinero depositado no quedaba nada. La gestión de Banco Santander está ahora en los tribunales por presunto delito de "estafa y apropiación indebida", una vez que el Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén ha admitido a trámite la que querella interpuesta por la familia.
El mismo día en que Francisco Cañas, padre de Juan Pedro, recibió el pago de la indemnización, tres directores de entidades bancarias llamaron a su puerta. La familia confió en Joaquín Garrido, representante de Banco Santander, que calificó la propuesta planteada como "un gesto humano hacia su hijo". La oferta no era otra que un préstamo de 200.000 euros para apostar por “su producto estrella”: un fondo de inversión que a su vez invertiría en la estafa de Madoff. Además, colocaron 150.000 euros en preferentes de Endesa con vencimiento en 2050. “Hicieron todas esas operaciones pese a que insistimos en que el dinero era de Juan Pedro. Nos daba igual la rentabilidad a cambio de que estuviera disponible siempre y de que no hubiera ningún tipo de riesgo”, apunta Francisco.
Los beneficios  prometidos no sólo no llegaron sino que esta familia de Jaén ha perdido todo lo invertido y además, adeudan ingentes cantidades a la entidad bancaria querellada como consecuencia de los productos suscritos. “Se aprovecharon de su debilidad y de que no tenían conocimientos financieros para hacer con su dinero lo que quisieron”, denuncia Juan Manuel Moreno-Luque, el abogado que está llevando (completamente gratis) el caso.
El hombre en coma que lo perdió todo con la estafa de Madoff

Botín pasa la pelota al tejado del director de la sucursal
En 2008, cuatro años después de invertir su dinero en Banco Santander, Francisco y su mujer solicitaron a la entidad 80.000 euros para llevar a su hijo a una clínica de Alemania. “Iban a realizarle un implante de células madre que podría regenerar parte de la zona cerebral dañada, pero nos dijeron que nuestro dinero había desaparecido”.
Desesperado ante la falta de explicaciones Francisco envió una carta aEmilio Botín exponiéndole los hechos y suplicándole que atendiera las necesidades de su hijo. La respuesta señalaba como responsable de la situación al entonces director de la sucursal Joaquín Garrido, querellado junto a Joaquín Paredes, actual responsable de la oficina. “No tengo nada que ver con el caso porque cuando se contrataron los productos financieros yo no ocupaba todavía este cargo”, se defiende Paredes, que no ha aclarado si se ha presentado recurso de apelación.
El abogado de esta familia de Jaén es optimista. “El Santander tendrá que justificar todos los movimientos hechos con el dinero de Juan Pedro. El hecho de que su padre firmara los contratos no es un inconveniente porque, aunque la banca quiere convertir casos como este en un problema de comercialización, con carácter previo hay un delito en la emisión de un producto tóxico”.
Doce años de drama familiar
Juan Pedro tiene hoy 32 años, mide dos metros y pesa cien kilos. Sin embargo, “necesita más atenciones que un bebé, tenemos que estar las 24 horas del día pendiente de él”, explica su padre. La tensión provocada por el estado de su hijo y la ‘pérdida’ de la indemnización desembocó en laseparación del matrimonio, que ahora se turna cada tres días para cuidar de él.
Pero las desgracias nunca vienen solas. Los recortes por la crisis están complicando aún más la situación de esta familia. “Nos han retirado la ayuda para la rehabilitación y la Seguridad Social amenaza con dejar de cubrir los medicamentos de Juan Pedro. Además, mi hija y su marido están en el paro y cada mes les cuesta más pagar la hipoteca”.
Su caso ha salido la luz gracias a José Luis Burgos -uno de los muchos afectados que hay ahora en España por las malas prácticas de los bancos-, que ya ha recorrido más 28 ciudades en busca de casos como el de Juan Pedro con el objetivo de "preparar un documental que sirva para hacer público estos engaños". Mientras, la familia recupera la esperanza. “Estamos convencidos de que los próximos años la suerte de esta familia cambiará”.

Este es un resumen de la triste historia de un joven de 30 años y natural de Villargordo, en Jaén, y su familia, contada por su padre, y de como el Banco Santander a base de engaños, chantajes, amenazas y estafas descaradas se apropiaron de su dinero (el que recibió como indemnización por el accidente) impidiéndole costearse la atención sanitaria adecuada.

11 años después del accidente Juan Pedro sigue resistiendo, mientras su familia sigue luchando contra el imperio de Emilio Botín para hacer justicia y salvar a su hijo. Lucharán hasta el final.

http://loestaspermitiendo.com/2011/06/02/esta-es-la-naturaleza-real-de-los-in...


                            
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sábado, 28 de abril de 2012

Rajoy rematará con el IVA


Vicenç Navarro / 27 de abril de 2012


Este artículo señala que la llamada "crisis de la deuda pública" es una situación creada sobre todo por el capital financiero (entre los que destaca la banca y las compañías de seguros, así como las hedge funds) a fin de privatizar la Seguridad Social y el Estado del bienestar. El artículo se centra en la situación de la deuda pública estadounidense, señalando su relevancia al caso español.
No existe plena conciencia en muchos círculos progresistas de que el llamado "problema de la deuda pública" es un fenómeno creado artificialmente para justificar el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Un caso claro, entre otros muchos, es el debate existente en EEUU sobre tal deuda.
En Un intento de reducir el Estado del Bienestar, las fuerzas conservadoras y neoliberales (las derechas) están promoviendo la percepción de que la deuda pública del Estado federal es insostenible, requiriéndose recortes muy sustanciales del gasto público, y muy en particular del gasto público social, incluyendo el de la Seguridad Social y el de los servicios públicos del Estado del Bienestar (con especial énfasis en los programas federales de asistencia sanitaria a los ancianos, 'Medicare', y a las personas en situación de extrema pobreza, 'Medicaid', programa, éste último, que se cofinancia con los Estados para cubrir a las personas llamadas "médicamente indigentes", término que se utiliza para definir a aquellas personas que no pueden pagar sus facturas médicas. En la promoción de tal postura, los medios de difusión de la derecha (como el 'The Wall Street Journal') publican artículos e informes que son citados también por los corresponsales españoles en EEUU sin ninguna crítica, contribuyendo a la difusión de tal percepción. Entre ellos destaca Antonio Caño, el corresponsal de 'El País' en Washington.
El problema con tales reportajes es su nula credibilidad científica. Veamos los datos. La deuda pública federal creció en los últimos diez años (del 2000 al 2010) 9, 2 billones de dólares. Este crecimiento ha sido causado por los siguientes gastos: 1) el 34, 2% de este crecimiento (3, 15 billones) nace del recorte de impuestos aprobado por el presidente Bush, que ha beneficiado primordialmente a las grandes fortunas; 2) el 22, 9% (2, 1 billones) del crecimiento del gasto militar, consecuencia de las guerras de Irak y Afganistán; y 3) el 9, 8% (0, 9 billones) de la ayuda directa (subsidios públicos) a la banca (y que no incluye los préstamos a Wall Street, 9 billones que no se contabilizan al presupuesto del Estado, pues se consideran –erróneamente- como préstamos). En total, la gran mayoría del crecimiento de la deuda pública (el 67%) se debe a medidas de apoyo al complejo militar industrial, a la banca y a las rentas superiores. Sin embargo, ninguna de las medidas encaminadas a reducir la deuda pública está orientada a cambiar estas políticas. En su lugar, se intenta reducir el gasto público social, concretamente la Seguridad Social y los servicios sanitarios, y ello a pesar de que la Seguridad Social (las pensiones principalmente) no ha contribuido en absoluto al crecimiento de la deuda pública. Todo lo contrario, la Seguridad Social (que no se contabiliza en el presupuesto federal) ha estado en superávit en los últimos veinticinco años (alcanzando los 2, 4 trillones de dólares), calculándose que producirá un trillón de dólares más en el superávit de los próximos diez años (en este artículo se utiliza "trillones" y "billones" según la terminología estadounidense). En realidad, las estimaciones más creíbles, por su rigor, son las producidas por los propios expertos de la Seguridad Social que señalan que la Seguridad Social estadounidense no tiene ningún problema de solvencia durante los próximos 50 años. La Seguridad Social no ha contribuido en absoluto al crecimiento de la deuda pública, al contrario. Sus intereses han estado financiando la deuda pública. El argumento de que hay que reducir las pensiones a fin de salvar la deuda pública, que hace 'The Wall Street Journal', y que reproduce Antonio Caño en 'El País', es insostenible y muestra una ignorancia o malicia que pertenece a la esfera de creencias dogmáticas neoliberales impermeables a la luz de los datos.

El estímulo económico, iniciado por el presidente Bush y expandido notablemente por el presidente Obama, representó el 20, 6% del crecimiento de la deuda pública (1.896 millones). Este estímulo consistió en rebajas de impuestos (durante el mandado del presidente Bush), a los cuales el presidente Obama añadió inversiones públicas en creación de empleo, medida más estimulante del crecimiento económico que la reducción de impuestos, y que frenó la Recesión que iba en camino de convertirse en Depresión. El segundo error que hace la derecha estadounidense y que reproduce la derecha española, es considerar el tamaño de la deuda pública (como porcentaje del PIB) como el indicador de su gravedad, es decir, de su impacto negativo en la economía. Este error es fácilmente demostrable, cuando se observa que los intereses de la deuda pública en EEUU son los más bajos de los existentes hoy en el mundo desarrollado. Si los bonos públicos se percibieran como arriesgados e inseguros, como ocurre en España (que tiene una deuda pública mucho más baja que el promedio de la UE-15 y de EEUU), sus intereses serían elevadísimos. Y en cambio son bajísimos y, a pesar de ello, los mercados financieros los valoran muy positivamente (ignorando las valoraciones negativas que hacen de ella las agencias de rating). ¿Cuál es, pues, el problema con la deuda pública en EEUU? En realidad, ninguno. Lo que ocurre es que la derecha (tanto en EEUU como en España) está utilizando todo tipo de argumentos, errores y falsedades para cargarse al Estado del Bienestar.En cuanto a los servicios públicos sanitarios, ellos han contribuido en un porcentaje muy menor (1, 9%) al crecimiento de la deuda pública. En realidad, el capítulo más importante que ha contribuido al crecimiento de tal déficit ha sido el capítulo 'D' de 'Medicare', es decir, el gasto farmacéutico, consecuencia de la medida adoptada por el presidente Bush jr., que prohibió (sí, sí, prohibió) al Gobierno federal marcar el precio de los productos farmacéuticos comprados por tal gobierno, permitiendo que fuera la propia industria farmacéutica la que definiera tales precios. El capítulo de farmacia, que se contabiliza aparte, fue el que representó un porcentaje mayor, 4, 8% (450 millones), resultado del gran poder de la industria farmacéutica, que recogió amplios beneficios, conllevando este incremento. Un 2, 7% (255 millones) del aumento se debió a la bajada de impestos, resultado del crecimiento del desempleo. Un 2, 9% (270 millones) fue resultado del crecimiento del pago de los intereses de la deuda.
Una situación semejante ocurre en España. La deuda pública española es más baja que la del promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante desarrollo económico al español, e incluso más bajo que la deuda pública alemana. Los elevadísimos intereses del Estado español (que incluye tanto el Estado central como el autonómico y municipal) no tienen nada que ver, repito, nada que ver, con el tamaño de la deuda pública. Ni tampoco mucho que ver con la manoseada "confianza de los mercados". Tiene que ver primordialmente con decisiones políticas, entre las cuales una de las más importantes es la negativa del Banco Central Europeo (que no es un banco central, sino un 'lobby' de la banca, y muy en especial de la banca alemana) a comprar deuda pública española, exigiendo al Estado español que desmantele su Estado del Bienestar como condición de que el Banco Central compre tal deuda pública. Es un chantaje vergonzoso que se utiliza por la derecha española (y europea) para conseguir lo que siempre han deseado. El llamado "problema de la deuda pública" es un problema artificial, es decir, creado por voluntad política (de sensibilidad neoliberal) a fin de desmantelar las conquistas sociales de las clases populares. Así de claro.

Al presidente del Gobierno le quedan ya muy pocas promesas que incumplir. Ayer llegó la última, la que más intentó retrasar: una importante subida del IVA. 
No será este año, sino en 2013, pero llegará y será notable. El Gobierno la anunció de forma extraña, sin pronunciar la palabra maldita, escondiendo la decisión en medio de otras explicaciones.
Pero la realidad es que Rajoy rematará con el IVA esa especie de enmienda a la totalidad de sí mismo en que se ha convertido su tarea de Gobierno, lastrada por una crisis que, lejos de amainar con su llegada al poder, parece recrudecerse. Cuando lo suba, prácticamente habrá tocado ya todos los impuestos, a pesar de que en campaña electoral insistió en que no subiría ninguno.
El IVA ha sido el asunto troncal de los debates internos del Ejecutivo y del PP. En la primera semana de Gobierno, cuando decidieron la mayor subida de impuestos en muchos años, que ya incumplía todas sus promesas, el sector dirigido por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ganó la batalla. Se subió prácticamente todo menos el IVA. Javier Arenas, muy cercano a Montoro, presionaba entonces para no subirlo, pensando en sus elecciones.
Rajoy no solo prometió muchísimas veces que nunca subiría el IVA.Además hizo campaña contra la subida que hizo el PSOE. La criticó mitin tras mitin, y participó en la recogida de firmas que organizó Esperanza Aguirre con el lema “no más IVA”.

Guindos ha cifrado en 8.000 millones de euros la recaudación extra que se pretende conseguir, una cifra difícilmente alcanzable sin la subida del IVA
Montoro ganó esa vez frente a otros más ortodoxos, como Luis de Guindos, responsable de Economía, que en línea con lo que planteaba Europa y la patronal, defendían una subida de IVA y una bajada de cotizaciones sociales, precisamente lo que se anunció ayer para 2013.
El debate volvió de nuevo con el recrudecimiento de la crisis de deuda, con la prima de riesgo por encima de 400 puntos. Llegaron los Presupuestos nuevos y Montoro ganó otra vez. Nueva subida de impuestos, esta vez sobre todo en sociedades, y una gran amnistía fiscal. Incluso públicamente, Hacienda admitió que se había hecho la amnistía para evitar subir el IVA.
Al final, se subió IRPF, Sociedades, se hizo la amnistía y además llegará en 2013 la subida del IVA. La decisión final, que ayer se interpretaba en el PP como una derrota de Montoro, el que más se ha quemado públicamente contra esta subida, se tomó el jueves en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos presidida por Rajoy. La presión de la deuda y de Bruselas, que no acaba de creerse los plantes del Gobierno para reducir el déficit al 3% en 2013, parecen haber sido definitivos. De hecho, el anuncio se ha hecho ahora porque el Gobierno tenía que mandar a Bruselas el cuadro macroeconómico que prevé hasta 2015, y ahí ha tenido que señalar que ingresará 8.000 millones más en 2013 por impuestos al consumo. Esas subidas se anuncian pues para contentar a Bruselas, ya que en España no se presentarán y se detallarán hasta que lleguen los nuevos Presupuestos, en septiembre. También en esa línea de satisfacer a Europa, Guindos garantizó de nuevo que en 2013 se logrará bajar el déficit al 3% y fue más allá: en 2015 el déficit será del 1, 1% y en 2016, el 0%. Esto es, la política de austeridad dura seguirá.
En el entorno de Montoro señalaban que en realidad el ministro siempre se opuso a subir el IVA en un entorno depresivo porque hundía el consumo, pero no con crecimiento. Y señalan que en 2013 se espera una ligera recuperación. En realidad, el Gobierno es el único que está planteando un ligerísimo crecimiento (0, 2%) en 2013, los demás dan más caídas. El Ejecutivo ya ha revisado a la baja su optimismo y en el nuevo cuadro que manda a Bruselas señala que de nuevo habrá caída del empleo en 2013 y apenas se creará hasta 2015.
Esa fue otra de las noticias del día. Guindos planteó un panorama absolutamente desolador para los próximos años. A pesar de que augura un tímido crecimiento, el Gobierno pronostica que en 2015, esto es, el último año de la legislatura, la media de paro será del 22, 3%, superior incluso a la media anual del último año de Zapatero en el poder. Un reconocimiento implícito de una notable incapacidad de la economía, incluso con la durísima reforma laboral, de reducir el paro en esta legislatura, el asunto central con el que Rajoy se presentó a las elecciones. “Queremos hacer previsiones realistas”, explicó el ministro De Guindos.

De Guindos habló durante 21 minutos antes de dar paso a las preguntas. Pero al anuncio clave le dedicó 7 segundos:El Gobierno está desarrollando cada vez con mayor esfuerzo, aunque casi siempre sin éxito, una nueva técnica de comunicación: esconder las noticias. Casi cada semana, el principal anuncio, el que ocupará casi todas las primeras páginas al día siguiente, se comunica de pasada, con eufemismos, en segundos, tanto que cuesta mucho darse cuenta en directo de lo que se está planteando.

El ministro de Economía también ha adelantado que habrá un plan de privatizaciones para generar ingresos adicionales que permitan rebajar la deuda pública
“Para 2013, lo que estamos planteando es reducir las cargas sobre el trabajo e incrementar la imposición sobre el consumo con un incremente neto de recaudación en torno a los 8.000 millones de euros”. Eso fue todo.
Después, le preguntaron si iba a subir el IVA —el único impuesto al consumo con capacidad de recaudación para llegar hasta 8.000 millones—. Primero evitó la palabra, y se justificó señalando que subir impuestos al consumo y bajar cotizaciones es lo que pide Europa. Después, le preguntaron directamente si tenía algún problema con esa palabra. “He intentado hablar con los términos hacendísticos adecuados, por eso hablo de imposición indirecta sobre el consumo, normalmente es el IVA pero existen otras posibilidades, también los impuestos especiales”, se justificó De Guindos.
En realidad, según fuentes del Ejecutivo, lo más probable es que se suban todos. El Gobierno, sin embargo, no quiso aclarar ayer ni siquiera cómo había hecho esa estimación de 8.000 millones de euros, esto es con qué subida de IVA y especiales le sale esa cuenta. Pese a la insistencia de la prensa, solo ofrecieron la cifra final sin el cálculo en el que está basada.
Aparte del cuadro especialmente pesimista para la economía española que planteó para los próximos años, el ministro ofreció algún apunte esperanzador, especialmente por el sector exterior, y señaló que sus cálculos implican que las reformas emprendidas, incluida la laboral, facilitarán la creación de dos millones de empleos entre 2012 y 2020. También anunció un plan de privatizaciones que se dará a conocer en breve.
A pesar de sus reiterados incumplimientos de su programa, el Gobierno aún tiene algunas líneas rojas a las que se sigue aferrando: el seguro del desempleo, las pensiones o el sueldo de los funcionarios. Pero con la presión de los mercados y de Bruselas, en este momento nadie en el Ejecutivo está dispuesto a hacer apuestas.
Mientras, desde el PSOE, la secretaria de Economía, Inmaculada Rodríguez-Piñero, aseguró que el Gobierno demuestra constantemente su improvisación y en el caso del IVA “ha perdido definitivamente el norte, y está perdido”, porque apuesta ahora por una medida que siempre consideró un desastre.