Gobierno griego despedirá a 15.000 funcionarios, recortará en pensiones y saneará la banca privada
El Gobierno griego ha acordado este lunes con la llamada “troika” (UE, BCE y FMI) el despido de 15.000 funcionarios hasta el final de 2012, según informó este lunes el ministro de la Reforma Admnistrativa, Dimitris Reppas.
Esta medida ha sido acordada con los representantes de la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro del paquete de medidas neoliberales exigido para la concesión de un nuevo préstamo de al menos 130.000 millones de euros.
“Se reducirán unas 15.000 plazas del personal en 2012″, explicó el ministro en un comunicado. Estos 15.000 despidos entran dentro del contingente de 150.000 puestos de trabajo que Grecia pretende recortar en el sector público hasta 2015.
Si no se aprueban las nuevas medidas exigidas, la UE y el FMI se niegan a conceder un nuevo préstamo de al menos 130.000 millones de euros. En caso de no recibir este préstamo Grecia se dirigirá irremisiblemente hacia la bancarrota el próximo día 20 de marzo.
Los partidos del Gobierno griego también han aceptado, según Luca Papademos, reducir el gasto público durante 2012 en un 1,5% del PIB, unos 3.300 millones de euros, ciertos recortes de pensiones y medidas de recapitalización bancaria.
Las nuevas exigencias de la “troika” han exasperado a los actores sociales de un país, cuyo desempleo ha crecido hasta casi el 20%, mientras los salarios han bajado un 25% en los últimos dos años y los precios han subido un 10%, lo que ha provocado una caída en picado del consumo y el cierre de más de 60.000 negocios.
Los sindicatos ya han convocado una huelga general en todo el país para este martes. “Esto no es una negociación, sino la crónica de una muerte anunciada. Es un chantaje por parte de la troika. El pueblo griego no es un conejillo de Indias. ¡Basta ya!”, denunció el presidente de la Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE), Yannis Panagópulos.
LibreRed.net
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Rechazo unánime a limitar la asistencia a crónicos en Madrid
Pacientes, médicos, partidos y sindicatos tildan de «irresponsable» a la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de Madrid, Patricia Flores, por plantear si tiene sentido que un enfermo crónico "viva gratis del sistema"
La mayoría de enfermos crónicos son personas mayores polimedicadas, que sufren varias patologías y requieren supervisión médica.- Reyes Sedano (PÚBLICO)
La pregunta lanzada al aire hace unos días por la vice-consejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, cuestionando que el Sistema Nacional de Salud (SNS) atienda gratis a los enfermos crónicos, ha provocado las críticas de pacientes, médicos, partidos políticos y sindicatos. Unos y otros se mostraban ayer perplejos por la pregunta que lanzó al aire Flores. "¿Tiene sentido que un enfermo crónico viva del sistema?", planteó en un acto público.
En el ámbito político, Izquier-da Unida (IU) anunció ayer que preguntará en la Asamblea de Madrid al Gobierno de Esperanza Aguirre, si comparte la afirmación de la viceconsejera de Asistencia Sanitaria. El artífice de esta iniciativa, el diputado Rubén Bejarano, acusa a Flores de "trasladar la imagen falsa del gratis total para los ciudadanos en atención sanitaria" y rechaza que "los efectos de la crisis recaigan sobre los ciudadanos recortando sus derechos socia-les básicos".
IU preguntará en la Asamblea regional si Aguirre comparte la idea
Por su parte, el portavoz del PSOE en materia sanitaria en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, califica de "barbaridad" las palabras de Flores. "Es una burrada, no tiene ninguna explicación excepto una enorme falta de sensibilidad social", insiste. Freire recuerda que "cuando uno tiene responsabilidades políticas tiene que ser muy cuidadoso. Los pacientes crónicos no son parásitos de los servicios públicos, al revés. La base de la sociedad civilizada es la solidaridad. Otra cosa es cómo se organiza eso", insiste.
Recursos solapados
En su intervención, que recogió Diario Médico el pasado 23 de enero, Patricia Flores también aseguró que "lo sanitario tiene un fin" y apuntó que "hay muchos recursos públicos sola-pados en la atención a crónicos". En la Consejería de Sanidad quitan hierro al asunto y mantienen que Flores, con la frase que ha motivado las críticas, se refería a que hay pacientes crónicos que pueden estar mejor atendidos en una residencia de mayores que en un hospital de agudos.
Los sindicatos reivindican la gratuidad de la sanidad pública
Declaración "irresponsable"
Por otra parte, el presidente del Foro Español de Pacientes, Albert Jovell, califica las declaraciones de Flores de "irresponsables". A su juicio, la viceconsejera ha demostrado "ser muy poco sensible con los pacientes" y tener muy poca capacidad de ponerse en su lugar, "que es lo mínimo que se le pide a un responsable político". Jovell recuerda "que todos, de una forma u otra, seremos enfermos crónicos en algún momento".
La mayoría de enfermos crónicos son ancianos que reúnen varias patologías, como alzheimer y enfermedad pulmonar, o diabetes e hipertensión, y tienen algún tipo de limitación en el movimiento. Su situación no suele ser de vida o muerte pero necesitan estar ingresados durante semanas o meses o, en el mejor de los casos, necesitan supervisión médica.
El Foro de Pacientes: "Todos seremos enfermos crónicos en algún momento"
Para el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Antonio Cabrera, cuestionar que la sanidad pública atienda de forma gratuita a los enfermos crónicos "es un debate falso. Nadie ha puesto en duda esta asistencia", insiste. Otra cosa, explica, es que se aborde la mejora de la atención a estos pacientes. "Son necesarios cambios, pero la atención universal es obligatoria", insistió.
Cabrera destaca el compromiso que adquirió el miércoles pasado en el Congreso la ministra de Sanidad, Ana Mato, de crear un nuevo modelo de gestión clínica "que garantice la continuidad asistencial a pacientes crónicos". Cabrera recuerda que CCOO lleva reclamando "una política integral e integrada de atención a los pacientes crónicos". Para conseguirlo, el sindicato aplaude la propuesta de Sanidad de integrar los servicios sanitarios y los sociales. Por su parte, el responsable de Sanidad en Madrid de UGT, Ignacio Hernández, considera una "barbaridad" las palabras de Flores, así como "un ataque al Estado del bienestar en Madrid. Demuestran que su interés es privatizar todos los servicios públicos", denuncia.
Hernández critica la gestión que ha llevado a cabo en los últimos años el Gobierno de Esperanza Aguirre. "Hay un déficit de recursos para atender a los enfermos crónicos", asegura. Según recuerda, la Comunidad de Madrid ha abierto siete hospitales y otros dos están a punto de ser inaugurados, pero dedicados al enfermo agudo, aquel que sólo permanece ingresado unos días.
En la misma línea se pronuncia el portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marciano Sánchez Bayle. Recuerda que Aguirre pudo haber aprovechado las camas de los hospitales que ha cerrado al abrir otros nuevos y reivindica hospitales o plantas completas específicas para estos pacientes. Sánchez Bayle considera que las declaraciones de Flores "no corresponden a una supuesta defensora de la vida".
Más médicos en residencias
De hecho, esta es una vieja reivindicación de la Sociedad Española de Médicos de Residencias (Semer). Su presidente, Alberto López Rocha, lleva años defendiendo la idea de que si los médicos que trabajan en las residencias adquirieran más responsabilidad en su salud, se evitarían gastos absurdos.
Por ejemplo, cuando un anciano sufre una crisis, se le suele llevar a un hospital para que le atiendan en urgencias. López Rocha aboga por que las residencias tengan más recursos materiales y humanos y se hagan cargo también de estos episodios. Sacar al anciano de la residencia para llevarle a urgencias no sólo cuesta el trayecto en la ambulancia y el coste de la atención médica que recibe. Su salud se ve resentida por un trasiego evitable, destaca López Rocha.
Además, destaca que muchos ancianos que permanecen ingresados en un hospital podrían ser perfectamente atendidos en una residencia, cuyo coste diario de la cama es mucho más barato que en el hospital. Para conseguirlo, López Rocha reconoce que hay que superar numerosas trabas burocráticas. La pelota está en el tejado de los políticos.
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