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sábado, 1 de febrero de 2014

La resaca del ‘tasazo’







La resaca del ‘tasazo’ | Máster de Periodismo | EL PAÍS
http://elpais.com/elpais/2013/12/31/masterdeperiodismo/1385721770_804966.html 31/01/2014
Crowfunding' contra el 'tasazo'El activismo por crowfunding. A eso se ha visto obligada Ecologistas en Acción para poder pagar las tasas de 1200 euros de su recurso contra la ampliación del Bernabéu, una operación de 66,6 millones de euros para construir un hotel de lujo y un aparcamiento en la Castellana. Para Jaime Doreste, abogado de 33 años y coordinador del Área de Defensa Jurídica de esta asociación, el tasazo es la puntilla a una reforma legal en la justicia destinada a dificultar que las ONG puedan demandar: "El impacto ha sido muy negativo. Ya con Zapatero, tuvimos la ley que obligaba a pagar a asociaciones. Y ahora, con las tasas de Gallardón, nos vemos obligados a echarle imaginación para poder
demandar".
Doreste avisa que desde Ecologistas en Acción ya preparan una demanda a la ONU contra el tasazo por
incumplimiento del Convenio de Aarhus, suscrito por cuarenta países y la Comunidad Europea. Dicho convenio recoje el derecho a la justicia para la defensa y vigilancia del buen estado del medio ambiente. Esta ONG considera que las tasas vulneran este derecho. "Desde 2005 ha entrado en vigor en nuestro país", afirma Oreste. "Y claramente lo estamos incumpliendo. Se están poniendo todas las trabas para que no podamos reclamar".

http://elpais.com/elpais/2013/12/31/masterdeperiodismo/1385721770_804966.html
 31/01/2014
La clase media es la que más sufre las tasas″
Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia
Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, afirma que las protestas de jueces y fiscales se debían a los recortes en su sueldo y días libres, no a las tasas. (EUROPA 
PRESS)
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que engloba a los 83 colegios de
letrados de España, y Justicia para Todos — compuesta por el CGAE, el Consejo de
Consumidores y Usuarios y los sindicatos UGT, CC OO, USO y el CSIF— criticaron el primer
argumento desde dos frentes. Por un lado, diciendo que lo recaudado, según datos
contenidos en el Informe Mensual de Recaudación Tributaria, estaba muy lejos de los 306
millones que pretendía lograr Gallardón. En el informe aparece un concepto, tasas judiciales,
cuyo valor ha cambiado desde cuatro millones, a 31 de enero de 2013, hasta 117, a 31 de
octubre del mismo año. Estas cantidades, de tomarse como la recaudación total del tasazo,
supondrían una media de 15 millones al mes, poco más de la media necesaria para alcanzar
los 306.
El Ministerio de Justicia, sin embargo, cifra lo recaudado en torno a los 316,5 millones, según datos de Hacienda. La Agencia Tributaria, encargada de la recaudación, ha asegurado a este periódico que
dicha cantidad es la estimación de lo recaudado por las nuevas tasas, a las que habría que sumarle lo que se ingresó en 2012 por las antiguas tasas, implantadas en la etapa Zapatero por la ley
53/2002 que gravaba a las personas jurídicas. De ahí se obtiene una estimación que daría esos 316,5 millones. Juan Bravo, subsecretario de Justicia, ha cargado contra Carlos Carnicer, por haber dado
repetidamente la cifra equivocada. "Lo que no se puede hacer es declaraciones como las de Carlos Carnicer, diciendo que la recaudación era de 100 millones. Uno no puede hablar de datos, y
menos si es presidente del Consejo General de Abogacía, sin tenerlos controlados".

La otra crítica apunta no al cuánto sino al qué se va a hacer con este dinero. Joaquim Bosch,
portavoz de Jueces por la Democracia (JPD), recuerda que no se ha especificado en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 a qué se destinará esta partida. De
hecho, los PGE prevén un nuevo recorte del 2,73% en Justicia. “Lo que habría que
preguntarle a Gallardón y a la vicepresidenta Soraya [Sáenz de Santamaría] es dónde ha ido
ese dinero. Porque supuestamente era para financiar la justicia gratuita, y esa mejora no
figura en ninguna parte en los presupuestos del próximo año”. Álvaro García, portavoz de la
Unión Progresista de Fiscales, asociación profesional en activo desde 1985, considera que el
fin recaudatorio era secundario y que lo principal para Justicia era “conseguir bajar el número
de juicios”. Juan Bravo ha explicado a este periódico que "nunca se prometió repartir el total,
sino financiar lo que se gastara a mayores por la reforma de la ley de justicia gratuita".
Cambiar la extra por Justicia
La extra como única esperanza para reclamar en un juicio. Esa es la situación en la que
se encuentra Purificación, seudónimo de una enfermera sevillana de 50 años que está
esperando al incierto pago de la extra navideña (la del 2012 fue recortada por el
Ministerio de Sanidad) para poder pleitear contra Citybank. El motivo de su denuncia: el
supuesto cobro "usurero" de los intereses de un contrato que ya había sido rescindido
ante notario.
Pero antes de llegar a los tribunales, Purificación tiene que pagar 480 euros de tasas,
una cifra inalcanzable para su economía. "Mantengo a mi madre [82 años] y mi sobrino
[28 años y parado] con 1300 euros de sueldo y los 400 de la pensión de mi madre.
Tengo hipoteca, seguros del coche... No consigo ahorrar absolutamente nada y ya he
recortado todo mi ocio y cualquier capricho. Hasta he pensado en vender el coche, pero
es viejo y apenas nos darán nada por él".
La resaca del ‘tasazo’ | Máster de Periodismo | EL PAÍS
http://elpais.com/elpais/2013/12/31/masterdeperiodismo/1385721770_804966.html 31/01/2014

El Constitucional acepta a trámite los cinco recursos contra la ley de tasas, uno de ellos de Aragón (PP)

En cuanto al segundo argumento de la reforma, aliviar el exceso de juicios en los tribunales,
el Consejo General de Abogacía afirma que el número de procesos que maneja el ministerio
es incorrecto. Un informe elaborado por este organismo concluye que la cifra real de litigios
en España es menos de la cuarta parte de lo indicado por el Poder Judicial. La abogacía
afirma que en España ha habido 1.833.608 procesos en 2012, un 80% menos de los
anotados por Justicia. La razón de la enorme discrepancia, según la asociación nacional de
letrados, es la “incorrecta” inclusión por parte del CGPJ de múltiples litigios en los que la
actividad jurisdiccional fue “nula o casi nula”.
La condena del tasazo continúa invariable por la mayoría de los
profesionales del Derecho. Carlos Carnicer, presidente del CGAE,
que engloba a los 83 colegios de letrados del país, se expresaba en
términos muy duros un día antes de que se cumpliera el primer
cumpleaños del tasazo, el 20 de noviembre de 2013. Carnicer
ejemplificó la injusticia de esta ley recordando que ahora los
funcionarios tienen que pagar por denunciar a la Administración para
la que trabajan, exenta de cualquier tipo de tasa: “La justicia es hoy
casi inaccesible para los empleados públicos, que tienen que
renunciar a exigir sus derechos a una Administración que no paga
tasas”. El Sisej, sindicato de secretarios judiciales, afirma a través
de su portavoz, Rafael Lafuente, que la ley “no puede ser más
negativa” y que supone la “muerte silenciosa” del derecho a la
justicia.
La lucha contra esta indefensión ha sido liderada por los profesionales del sector. Jueces,
fiscales, abogados y secretarios judiciales han dado una respuesta casi unánime a través de
huelgas, numerosas manifestaciones y constantes exigencias para que se ponga fin al
tasazo. “La clase media es quien más está sufriendo”, asevera Bosch, portavoz de JPD, la
segunda asociación de magistrados a nivel nacional. “Los peores pronósticos se han
cumplido. Se han quedado fuera de la justicia decenas de miles de personas. Es como si en
Sanidad dijéramos que para aliviar el abarrotamiento de los hospitales deberíamos prohibirle
la entrada a algunos de los enfermos”. Bosch considera también que las clases altas y las
empresas más poderosas se han beneficiado, “porque en caso de juicio ellas no tienen
problemas con las tasas, y ahora se litiga menos contra ellas”.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el colectivo de jueces mayoritario y conservador, discrepa del rechazo a la ley.
"Creemos que las tasas eran necesarias, ya que hay gente que litiga y recurre solo porque sabe que los costes del proceso los pagamos todos los ciudadanos. Y esta actitud es la que nos ha llevado al
colapso de la justicia", afirma Pablo Llarena Conde, presidente de esta organización. "Lo que nos hubiera gustado es que estas tasas no se pagaran de entrada, sino de salida. Y solo en aquellos casos
en que el litigante perdiera el juicio, con la posibilidad de que el magistrado pudiera eximirle del pago siempre que considerara que su demanda estaba bien fundamentada jurídicamente".

Para buena parte de las asociaciones de profesionales, la esperanza es que el Tribunal
Constitucional (TC) tumbe la ley, y la justicia vuelva a ser un derecho universal para la
ciudadanía española. El TC ya ha admitido a trámite los cinco recursos presentados por el
PSOE, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Andalucía y los Gobiernos de Canarias y
Aragón, este último gobernado por el PP. El espejo europeo rema a favor de poner punto final
al tasazo, ya que el Gobierno francés de François Hollande ha anulado las tasas que instauró
en 2011 por "penalizar y restringir el acceso a la justicia a los más vulnerables".
Independencia política de los jueces

RANKING MUNDIAL (2013)
Independencia política de los jueces

País               Puesto
Alemania            7º
Suecia                9º
Reino Unido      11º
Francia              37º
España              60º
Portugal             67º
Italia                  68º
FUENTE: Comisión Europea de Eficiencia de la Justicia
Rafael Lafuente, portavoz del sindicato mayoritario de secretarios judiciales, confía en que el
Constitucional siga el mismo ejemplo: "Estamos convencidos de que es una ley claramente
inconstitucional. Y bien el Constitucional o nosotros, los ciudadanos, conseguiremos que se
anule". Mariano Durán, decano del Colegio de Abogados de Valencia, no ve las cosas tan
claras: "El problema es el daño que hagan las tasas mientras tanto. Yo también quiero confiar
en que el TC la tumbará, pero mi sensación es que vivimos en un país el que los derechos y
garantías de los ciudadanos han retrocedido absolutamente".
© EDICIONES EL PAÍS, S.L.
La resaca del ‘tasazo’ | Máster de Periodismo | EL PAÍS
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